ESPERANZA. Los inmigrantes siguen esperando su regularización en Cádiz. / MIGUEL GÓMEZ
CÁDIZ

Alertan de la llegada de otra oleada de inmigrantes procedente de Europa

Pro Derechos Humanos asegura que está recibiendo numerosas llamadas que manifiestan la intención de acudir a Cádiz para solicitar su regularización Avisa de que es difícil convencer a la gente, que «no quiere irse con las manos vacías»

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La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) advirtió ayer de la llegada de inmigrantes desde Francia y Holanda a la Oficina de Extranjería de Cádiz para registrar su solicitud de regularización y auguró que durante los próximos días se incrementará la afluencia de extranjeros atraídos por el falso rumor de un supuesto «proceso de normalización extraordinario».

El miembro de APDH-A, Amín Souissi, informó además de que la organización está recibiendo «numerosas llamadas» desde varios puntos de España, incluidas las Islas Canarias, donde se les manifiesta su intención de acudir a la localidad andaluza y registrar la petición de regularización.

Este nuevo contingente se añadiría a las decenas de inmigrantes que ya esperan frente a la Oficina de extranjería desde el pasado miércoles 2 de abril, cuando un bulo originado entre la comunidad saharaui y extendido posteriormente a otros grupos desencadenó una llegada desproporcionada de personas que bloqueó las dependencias oficiales.

En opinión de Souissi, el «problema» en la Oficina de Cádiz está causado por otro motivo además del mencionado «falso rumo»". Así, la cuestión residiría en que la de Cádiz es la «única» Oficina de Extranjería que acepta solicitudes de normalización aunque éstas no reúnan todos los requisitos pertinentes, ya que, en virtud del proceso vigente, dichos incumplimientos implican la anulación de la petición una vez ingresada y no a priori, según explicó.

Esta normativa rige para toda España, precisó el colaborador, y por ello criticó que el resto de las Oficinas, dependientes de las Subdelegaciones del Gobierno de las distintas provincias españolas, «no la cumplan». Asimismo, miembros de APDH se están aproximando estos días a la zona para informar a los solicitantes.

El problema, explicó, es la dificultad para disuadir a los inmigrantes venidos de otras provincias. «Estas personas han invertido mucho dinero y esfuerzo en llegar hasta aquí y no quieren volverse con las manos vacías, así que, sin importar lo que les digamos, siempre nos responden que se quedan en Cádiz , por si acaso».

El portavoz de la ONG denunció asimismo el estado en que permanecen estos inmigrantes. Muchos de ellos pasan la noche en los alrededores del edificio público, mientras otros «vagan» por la ciudad, son acogidos por compañeros y los menos, quienes disponen de recursos, acuden a dependencias como el albergue de San Juan de Dios, ubicado en el núcleo urbano, explicó. Este estado «errante» puede prolongarse hasta los cinco días que pueden demorarse en obtener el resguardo del registro de solicitud.

Bajo esta situación subyace, en opinión de Saussi, un «claro desconcierto y una falta de información» acerca de las normas imbrincadas en la Ley de Extranjería que ninguna autoridad pertinente «parece dispuesta a esclarecer».

Por todo ello, instó a la Subdelegación del Gobierno en la provincia que «el lunes se decida a poner fin al problema». Una solución que pasa por «dejar las cosas claras y decirle a las otras Oficinas de Extranjería que están obligadas a aceptar solicitudes de regularización aunque no cumplan todos los requisitos».

En caso contrario, Amín advirtió de las consecuencias a nivel humano, social y administrativo que puede acarrear este «desconcierto, esta falta de información clara» y la consecuente «presencia acumulada de inmigrantes en la localidad de Cádiz».

Riesgo de alarma social

«Hay riesgo de que se desate una alarma social y de que se origine un rechazo hacia los inmigrantes entre la población autóctona» de una provincia que, «hasta el momento, ha mostrado unos niveles de convivencia muy positivos, dado que la presencia de inmigrantes ha estado repartida equitativamente y no acumulada».

A tenor de todo ello, el portavoz concluyó que «esto no puede continuar así, porque inculca falsas esperanzas en los inmigrantes y porque no conviene ni a las ONG que aquí trabajan ni a la propia Administración». Así «hay que poner fin a esto, aunque sea por egoísmo si así lo quieren entender las autoridades», aseveró.