Transparencia andaluza
La proclamación oficial de las candidaturas al Parlamento de Andalucía ha llevado por primera vez unida una declaración de actividades, bienes e intereses. La aplicación de la reforma de la Ley Electoral andaluza, promulgada en 2005, se suma a una legislatura prolífica en las Cortes sobre la agenda de la transparencia: nueva ley de financiación de partidos, norma sobre conflictos de intereses de altos cargos, Estatuto básico del empleado público, ley de contratos públicos y, por último, la propia ley del suelo, además del Código de Buen Gobierno. Pero las medidas legislativas para prevenir y perseguir la corrupción nunca serán suficientes si los propios partidos renuncian a velar por la conducta honesta de los suyos. En esa clave se interpreta el gesto de la clase política andaluza, particularmente oportuno tras una legislatura jalonada por varias operaciones judiciales, sobre todo en la Costa del Sol, bajo las sombras de la venalidad.
Actualizado: GuardarLa publicación de los bienes de los dirigentes autonómicos ha generado un anecdotario más o menos curioso -desde el patrimonio mínimo del presidente al retablo de estereotipos de hipotecados o multipropietarios, ahorradores o endeudados- pero estas declaraciones sobre todo deberían entenderse cualitativamente por su vocación de transparencia y su utilidad para detectar conflictos de intereses que en ocasiones pueden salvar la literalidad de la ley pero reflejan una anómala confusión entre lo público y lo privado. En este sentido, de la misma forma que las instituciones autonómicas y locales deberían mejorar las normas generales con arreglo a sus casuísticas concretas, también las formaciones políticas deberían establecer medidas estatutarias que permitan aplicar con rigor criterios de vigilancia sobre la responsabilidad pública confiada por los ciudadanos con su voto.
Los requisitos de eficiencia exigibles a la administración pública demandan una capacidad dinámica de puesta al día. Esto debe permitirle, además, ser más competente para evitar, detectar y perseguir las prácticas fraudulentas en la función pública. Es habitual que quien gobierna tienda a contemporizar sin cuestionar la calidad funcional del sistema; así pues, no es casualidad que las propuestas de reforma de la administración aparezcan en el programa del PP. Con todo, el perfeccionamiento democrático de la función pública ha de constituir un compromiso compartido por el conjunto del arco parlamentario. La limitación de la discrecionalidad en los nombramientos, la transparencia en las decisiones administrativas, la simplificación de la estructura orgánica, el control presupuestario desde el Parlamento y el compromiso de no solapar responsabilidades partidarias con tareas públicas contribuirían a un ejercicio más honesto del poder y además darían a éste mayor eficiencia.
