La ONU alerta sobre la "especulación urbanística desenfrenada" en España

Naciones Unidas ha alertado hoy sobre la "especulación urbanística desenfrenada" del mercado de la vivienda en España, y ha considerado que el Gobierno debería modificar el sistema de deducciones fiscales a la compra de inmuebles porque, en su opinión, se "está subvencionando a los promotores con dinero público".

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre una Vivienda Adecuada, Miloon Kothari, se ha mostrado hoy muy crítico en rueda de prensa con el mercado de vivienda español y ha expresado su preocupación sobre el acceso de la población inmigrante a una vivienda digna.

El enviado de la ONU, que ha presentado las conclusiones de su visita a España, a partir de las cuales elaborará un informe que será remitido al Consejo de DD.HH. de la ONU, ha apostado por el fomento del alquiler y ha ensalzado algunas iniciativas del Gobierno para frenar la especulación, concretamente, la nueva Ley del Suelo.

Kothari, que ha visitado núcleos urbanos de Madrid, Bilbao, San Sebastián, Almería, El Ejido, Roquetas, Sevilla y Barcelona y Zaragoza en los últimos doce días, ha calificado la situación de la vivienda de "crisis nacional" y ha alertado sobre los problemas de acceso a la misma de una franja poblacional que comprende no sólo a los núcleos más pobres, si no también a las clases medias. En este sentido ha destacado que muchas familias tienen que destinar el 50 al 60% de su renta al pago de hipoteca o alquiler de su hogar y que el 25% de la población residente en España no tiene acceso a una vivienda digna.

Marbella, la punta del iceberg

El representante de Naciones Unidas ha pedido al Gobierno español "voluntad política y económica" para ejecutar reformas sobre el mercado inmobiliario español y acabar con la "especulación desenfrenada" que existe en el mismo, que sólo beneficia a las promotoras. Sobre la modificación de las deducciones a la vivienda, ha asegurado que su reducción sería positiva para el mercado en general y aludió a un informe de la OCDE que establece que estas modificaciones fiscales reducirían los precios de los inmuebles de un 15 a un 30%.

Por otro lado, ha vinculado esta especulación a los escándalos de corrupción urbanística existentes en el país, asegurando que el caso de Marbella "es solo la punta del iceberg" de toda una serie de prácticas ilegales ligadas a la recalificación de terrenos. Por ello ha ensalzado algunas iniciativas del Gobierno al respecto, como la nueva Ley del Suelo, y recomendó paralizar las recalificaciones de terrenos antes de que dicha normativa entre en vigor.

Por otro lado, se ha mostrado muy crítico con el sistema de competencias en materia de vivienda y ha señalado que el Ejecutivo debería permanecer mucho más vigilante en cuanto a autonomías y municipios, y establecer mecanismos a través de los cuales se pudieran supervisar sus movimientos, pues según su opinión, actúan sobre los terrenos y en materia urbanística de manera impune.