Uno de los pozos con vertidos tóxicos
Uno de los pozos con vertidos tóxicos - l. v.
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La Junta refuerza la seguridad en Redelsur para evitar que se siga operando «de forma ilegal»

Medio Ambiente asegura que aún estaba evaluando la viabilidad del proyecto de la empresa de riclaje, que daría empleo solo a ocho personas, y que la denuncia de la Guardia Civil servirá para la decisión final

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La Junta de Andalucía informa de que ha reforzado la vigilancia en torno a Redelsur, la planta de tratamiento de residuos instalada en los antiguos terrenos de Delphi en Puerto Real, para «evitar que siga el funcionamiento ilegal de la instalación», la cual carece actualmente de los permisos necesarios para ello.

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se encuentra en estos momentos realizando la evaluación ambiental del proyecto para la obtención de la Autorización Ambiental Integrada, trámite sin el cual la planta no puede iniciar la actividad. En el proyecto presentado en la Delegación Territorial de Medio Ambiente se contempla la creación de ocho puestos de trabajo.

En un comunicado a los medios, la Junta aclara que en estos momentos no ha concluido dicha tramitación.

El proceso se encuentra en fase de exposición pública durante el que se han recibido un importante número de alegaciones al proyecto presentado. La empresa opera por tanto de manera ilegal.

A la luz de la información que se deriva de esta operación realizada en colaboración de la Guardia Civil tras una denuncia presentada, la Junta de Andalucía tendrá que valorar estos hechos y tomarlos en consideración en la fase de evaluación ambiental, un proceso que debe culminarse en todo caso y notificarse a la empresa en cuestión.

La Junta de Andalucía también confía en que se «depuren responsabilidades en el marco de esta investigación», y recalca que la actuación de la Administración autonómica en este operación se ha centrado en dar auxilio a la Guardia Civil para evaluar técnicamente la veracidad de lo denunciado y posteriormente al iniciar expediente sancionador por los hechos y establecer las medidas cautelares que impidan que se continúe con la actividad detectada en la planta.

Así, con el objetivo de evitar que siga el funcionamiento ilegal de la instalación se ha reforzado la vigilancia de la fábrica, y se ha reiterado mediante notificación a la empresa de que no puede operar sin los permisos necesarios para ello.

De la misma forma, de esta operación se deriva la apertura por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de un expediente sancionador que ya han sido notificados a todas las sociedades implicadas.

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