La alcaldesa de Rota vuelve a ser imputada por cuarta vez

Los problemas judiciales siguen llamando a la puerta del despacho de Alcaldía en Rota. Si la semana pasada la regidora Eva Corrales (PP) y su socio de Gobierno, Lorenzo Sánchez (RRUU) debían sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia por el 'caso horas extras', este miércoles han recibido la notificación de que el juzgado de Instrucción nº 1 de la localidad los cita como imputados en la cuarta investigación judicial que salpica al Gobierno local roteño.

Además de Corrales y Sánchez, el próximo 27 de marzo deberán comparecer en los juzgados, también en calidad de imputados, el alcalde de Chipiona, Antonio Peña (PP), el empresario Felipe Castellano y un arquitecto que trabaja para el promotor.

Esta nueva línea de investigación nace de las pesquisas que dirige ese mismo juzgado desde el año 2012 a partir de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por tres convenios firmados por el Ayuntamiento y la promotora Promociones Castellanos S.

L., la cual está detrás de las principales obras públicas ejecutadas durante los últimos años en la localidad.

Este asunto trata de dilucidar si desde el Consistorio se favoreció a esa empresa, violando la ley de contratos públicos.

En julio pasado, la jueza ordenó a la Guardia Civil que investigara el proceso de adjudicación y construcción del parking La Merced, ubicado en el casco antiguo roteño e inaugurado en 2007.

El informe policial ya obra en poder de la instructora y en virtud de las conclusiones policiales, la magistrada quiere interrogar a los cinco imputados.

La construcción del citado parking estuvo envuelta por la polémica. Bajo el mandato de Lorenzo Sánchez, éste adjudicó la obra a Promociones Castellano sin mediar concurso. Pero se amparaba en un convenio urbanístico que llamó la atención de la Junta de Andalucía por las irregularidades que presentaba.

En virtud de ese acuerdo, el Ayuntamiento permutó con el promotor local unos terrenos muy suculentos en la zona de expansión urbanística de Rota, valorados en 2,3 millones de euros, a cambio de una finca en el centro de la localidad, tasada en 1,2 millones.

El Consistorio justificó esa diferencia de precio porque se iba a ahorrar el coste de una obra pública. El negocio fue redondo para el empresario. La constructora se quedó con unos terrenos en una de las zonas más codiciadas de la localidad y con un contrato público para ejecutar una obra con un presupuesto de 1,7 millones.

La Administración Autónoma reclamó el expediente en varias ocasiones al Consistorio ante la posibilidad de que se pudieran cometer irregularidades urbanísticas. Según la denuncia que formuló en su día el PSOE y que recogió la Fiscalía, se incumplieron normas urbanísticas como la Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, que especifica en su articulado que no se pueden enajenar bienes inmuebles a cambio de obras, salvo en casos excepcionales.

El Ayuntamiento culpa a la oposición

En esta ocasión, el Consistorio ha reaccionado antes de que la noticia de la cuarta imputación saltara a los medios con una nota de prensa, en la que en esencia culpan al PSOE por "judicializar la vida municipal ante su incapacidad de vencer en las urnas", pero omiten la existencia de un informe policial.

Según el Ayuntamiento, el juzgado ha decidido "desgajar una pieza separada de la causa que instruye desde hace tiempo sobre unos convenios urbanísticos del Ayuntamiento con la Promotora Castellano, denunciada por los socialistas".

Esa decisión judicial ya fue acordada el verano pasado como adelantó LA VOZ. La novedad de este miércoles es que la jueza ha citado a cinco imputados. Si bien, la versión que ofrece el Consistorio es responsabilizar exclusivamente de los autos judiciales a la oposición. "Ante la confusión y el galimatías con el que los socialistas pretenden enmarañar la instrucción en su afán por prolongar sin razón las causas judiciales acumulando informaciones parciales e incompletas".