Veinte años de denuncias contra los «abusos» de la Junta de Andalucía en la retirada de menores

La petición de varias familias al Defensor del Pueblo andaluz para que investigue los presuntos «abusos» cometidos por la Junta de Andalucía en la retirada de custodia de menores tiene bastantes antecedentes que pusieron de manifiesto una actitud «obstructiva» o «prepotente» de los servicios sociales hacia los padres biológicos y que en ocasiones finalizaron con condenas y multas millonarias para la Administración por negligencia.

Uno de los casos más conocidos fue el de Carmen Fernández , limpiadora del barrio de las Tres Mil Viviendas en Sevilla a la que la Junta le retiró en 1996 la custodia de sus hijos, Iván y Sara , entonces de seis y cuatro años de edad, alegando desamparo por el alcoholismo que padecía. Carmen demostró en poco tiempo su total rehabilitación, sin embargo ni el Juzgado de Familia ni los Servicios Sociales dieron marcha atrás al proceso de preadopción de los pequeños a una familia de Dos Hermanas.

La Audiencia reconoció que los niños tenían que volver con su madre biológica, a la que Sara e Iván daban entonces por muerta, según le refirieron en el centro de menores donde estuvieron acogidos, pero el juez de familia consideró irreversible el proceso tras vanos intentos de restablecer los lazos de unión familiar. En 2005 Sara, que entonces tenía 16 años, decidió volver con su madre biológica. Carmen murió sola en una residencia para enfermos terminales en Madrid en 2007 aquejada de un cáncer de pulmón, que la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla consideró una «consencuencia directa o indirecta del sufrimiento soportado» por el «calvario» sufrido durante los once años de lucha contra la Administración por recuperar a sus hijos. Esa sentencia le reconoció una indemnización de 1,7 millones de euros , de los que sólo cobró 210.000 euros.

También Alejo Pozo , albañil sevillano residente en el entorno de la Plaza del Pumarejo murió como consecuencia de un cáncer sin conocer el desenlace de su batalla judicial por recuperar la custodia de sus hijos. Fue en 1999 cuando los servicios sociales retiraron del hospital a dos bebés gemelos , hijos de una mujer drogodependiente, sin recabar en los derechos del padre a la custodia. Previamente habían retirado a la pareja a la primogénita. Alejo denunció el secuestro de sus hijos justo antes de que la Junta diera en adopción a los gemelos. La madre murió por sobredosis de somniferos a las pocas semanas de la retirada de los niños . La sentencia del Juzgado de Instrucción 17 de Sevilla confirmó la «premura» de la Junta en la entrega en adopción de los niños aduciendo el fallecimiento de la madre y que el padre era desconocido, aún cuando se probó que los servicios sociales habían entrevistado previamente a Alejo que atendía «digna y satisfactoriamente» a la segunda de sus hijas, Alejandra. Después de trece sentencias a su favor, Alejo solicitaba una indemnización de 2,4 millones de euros .

La mitad de esa cantidad pedía una madre a la que la Junta le retiró una hija en 1991. En este caso, según recogen dos sentencia del Tribunal Supremo, la retirada se produjo antes del nacimiento , tras obtener de la madre antes del parto un documento de renuncia a la hija, a pesar de que Código Civil establecía que no se puede proceder a la retirada hasta transcurridos treinta días desde el parto. El documento quedó invalidado tras declarar en el juzgado una psicóloga que la madre firmó el documento sin leerlo. Las sentencias en este caso también refieren la «sorprendente» rapidez con la que actuaron los servicios sociales que en menos de un año ya habían cerrado la adopción de la niña. El Supremo en este caso confirmó la «actuación negligente» de la Junta, así como «obstrucción» al retener pruebas e inclumplir una orden judicial de devolución de la niña.

El 27 de mayo de 2010, la Policía, tras recibir denuncias anónimas entró en casa de Ana , a la que señalaban como maltratadora de su hijo, y se llevaron a Telmo. «No hubo una investigación previa y Asuntos Sociales jamás fue a casa a comprobar si era cierto», refería un familiar. Ana, mujer maltratada, logró que los juzgados sobreseyeran el procedimiento penal por el supuesto maltrato a su hijo y condenaron a su expareja. No obstante, según denunció su abogado, Gabriel Velamazán , los servicios de protección del menor de la Junta no solo no devolvieron a Telmo a su madre, sino que restringieron las visitas. Mientras el proceso judicial sobre el acogimiento era más rápido que el del supuesto desemparo, la abuela de Telmo reclamó la tutela, a lo que la Junta contestó que tenía un factor de no idoneidad porque la madre podría acceder a su hijo obviando la medida de desamparo.

No sólo los padres, tambien los abuelos se declaran víctimas de la acción de los servicios sociales de la Junta en Sevilla. Miguel Ángel y Ana , chatarrero y ama de casa, solicitaron ser la familia de acogida de su nieta, ante la drogadicción de su hija, que no podía anteder a la pequeña. Les fue concedida, pero dos años después, en 2015, la Administración retiró el status a la pareja cominándoles a entregar a la niña bajo la advertencia de que en caso contrario vendría la Policía a buscarla. Después de establecer un régimen de visitas, se suspende al tercer encuentro. La Fundación Márgenes y Vínculos, que controlaba las visitas, alegó que estas «desajustaban los hábitos de alimentación y sueño de la menor». Los abuelos iniciaron una batalla judicial que en 2016 les dio la razón. La Junta recurrió. En julio de 2017 los abuelos seguían sin ver a la niña que ya estaba con una familia de acogida . La Junta seguía haciendo caso omiso a los requerimientos de la Audiencia para restablecer un régimen de visitas.