FUNCIÓN PÚBLICA

Valoradores andaluces de la Dependencia reclaman su estabilidad laboral

La Junta los contrató hace más de tres años y ahora aspiran a ser indefinidos no fijos

La consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, en una reunión con la asociación de valoradores
La consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, en una reunión con la asociación de valoradores - ABC
JOSÉ CEJUDO Sevilla - Actualizado: Guardado en:

Trabajadores que desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia se dedican en Andalucía, por encargo de la Junta, a valorar a las personas que reclaman las ayudas que contempla esa normativa, quieren pasar a la condición de personal laboral indefinido no fijo, lo que les permitiría, entre otros logros en caso de despido, cobrar una indemnización

Una parte importante de los 225 valoradores que dependen desde hace más de tres años de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, especialmente de las provincias de Cádiz, Huelva, Córdoba, Málaga y Sevilla, han contratado para ese fin los servicios del despacho de abogados gaditano que dirige Manuel Martos, quien desde hace tiempo mantiene abiertos numerosos frentes legales contra la Junta, en pos de la estabilidd laboral del personal interino y eventual de la Administración andaluza.

El movimiento reivindicativo que iniciaron meses atrás los eventuales del SAS se ha extendido ya por la práctica totalidad de los departementos de la Junta, y se han sucedido las reclamaciones, vía administrativa y vía judicial, para poner fin a la práctica de las contrataciones temporales en precario.

Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 2014, dio alas a estos colectivos de empleados públicos, al denunciar el abuso de la Administración educativa italiana por encadenar durante nueve años contratos de interinos para cubrir plazas docentes. Es el conocido como caso Moscolo, apellido de una de las maestras que recurrieron a los tribunales del país transalpino.

Programas temporales

Además, el Estatuto Básico del Empleado Público señala que la ejecución de los programas de carácter temporal por parte del funcionario interino no podrá tener una duración superior a tres años. Todos los trabajadores dedicados a valorar el grado de la dependencia que han reclamado ssuperan ese tiempo.

Bien de forma individual, o en grupos, los valoradores han dirigido escritos de similar contenido a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que por norma se rechazan. El paso siguiente es acudir al Juzgado de lo Social, y si no prosperan sus reclamaciones terminan en el Contencioso Administrativo.

En tales documentos solicitan el reconocimiento de sus derechos, cada uno según su categoría, como personal de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, responsable, esta última, de aplicar en Andalucía la Ley de Dependencia.

En los escritos hacen constar el sueldo que perciben, trienios, complementos de destino, complemento específico y que además les tienen reconocidas dos pagas extras al año. Subrayan también que desde el inicio de la relación laboral entre las partes, la Administración nunca ha convocado sus plazas.

E igualmente, entienden que es aplicable en esta ocasión la jurisprudencia del caso Moscolo, así como el Estatuto Básico del Empeado Público. Y ello porque entienden que sus nombramientos «son ilegales, debiendo ser reconocida la estabilidad en el empleo público mediante el reconocimiento y/o declaración por relación indefinida no fija». subraya,

Pese a que sus plazas no han salido a concurso, la Asociación de Profesionales Valoradores de la Situación deDependencia en Andalucía (Aprovada), asesorada por Manuel Martos, ha impugnado, con un recurso de alzada, el concurso de méritos para la provisión de puestos de funcionarios convocado por la Junta en toda Andalucía, solo en lo que respecta al apartado de los valoradores.

Éstos temen que los funcionarios de carrera con la categoría de inspectores de mayor cualificación, quieran optar a estas plazas, no por motivos económicos sino por »na cuestión territorial», aclara el abogado.

El despacho de Manuel Martos ha comenzado también a presentar denuncias «por depido encubierto» a favor de profesores interinos que han perdido su plaza por la implantación del segundo idioma extranjero en Primaria. El objetivo es, igualmente, conseguir la estabilidada laboral por el hecho de haber estado durante más de tres años manteniendo una relación contractual con la Consejería de Educación.

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