El Tribunal de Cuentas tampoco aprecia delito contable en el fraude de los cursos de formación

El Tribunal de Cuentas no aprecia ilícito contable ni menoscabo de caudales públicos en la gestión de los fondos de formación para el empleo en Andalucía, tras analizar el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas que detectó presuntas irregularidades contables en la fiscalización del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de los ejercicios 2009-2010 y el seguimiento de las recomendaciones de 2014.

Así lo señala el Tribunal de Cuentas en un acta de liquidación provisional sobre este asunto al que ha tenido acceso Europa Press y que todavía está pendiente de la conformidad de la consejera de Cuentas del Tribunal a la que por turno ha correspondido el conocimiento de estas actuaciones.

En dicha acta, el Tribunal de Cuentas rechaza que exista ilícito contable en la gestión de los fondos de formación para el empleo y considera que las apreciaciones de la Cámara de Cuentas y de la Policía Judicial se formulan de manera genérica y carecen de necesaria individualización de daños a los fondos públicos.

De esta manera, concluye que, «Al estar ante una situación de inexistencia de supuestos constitutivos de alcance, no cabe hacer pronunciamiento alguno con respecto a las presuntas responsabilidades», señala.

El Tribunal de Cuentas señala que «la ausencia de memoria, como información insuficiente respecto de las actividades desarrolladas, no implica de modo automático la materialización de un daño a los fondos públicos». Además, precisa que, «en los casos analizados, consta la realidad de las actividades por virtud de otros medios».

Faasa, Faffe, Delphi...

Respecto al expediente de Faasa, el Tribunal niega irregularidad y responsabilidad contable al acreditarse que la Administración ha tramitado el correspondiente expediente de reintegro.

En cuanto a la falta de documentación justificativa de las subvenciones concedidas a la Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo (Faffe), por importes de 24,5 y 24,3 millones en los años 2009 y 2010, el Tribunal apunta que «se está ante un desplazamiento patrimonial en el seno de una administración o ente público que se corresponde con un incremento patrimonial en otra entidad asimismo de carácter público».

Además, sobre la Faffe también analiza la presunta irregularidad al no finalizarse 36 curso en 2009 y 386 en 2010, en este sentido, señala que «no existe ningún tipo de menoscabo al tratarse de dos entidades de carácter público -en referencia a la Faffe, que se extinguió en 2010 al reordenar el sector público y el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)-, donde una se subroga en los derechos y deberes de la entidad que se extingue".

En cuanto al abono de las becas a los extrabajadores de Delphi, indica que «no se está ante incumplimiento de norma presupuestaria o contable, sino ante cuestiones que se residenciarían ante el Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo», pero «no consta que esta impugnación se haya producido».

Respecto a las exceptuaciones presentadas por la Fiscalía del TSJA como una irregularidad/ilegalidad contenidas o derivadas del informe de la Policía Judicial, el Tribunal de Cuentas apunta que «las circunstancias que conforman la presunta irregularidad parten de la existencia de resoluciones administrativas, de actos administrativos concretos, cuyo ajuste o no al ordenamiento jurídico habría de ser residenciado ante el Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo».

El informe se difunde después de que la Fiscalía Anticorrupción, en un escrito del pasado 6 de julio, apuntara que no apreciaba delito alguno en las denominadas resoluciones de exoneración o exceptuación de los cursos de formación, ya que «no sólo no exoneraban de justificar, sino que según los datos que obran en la causa se hicieron sobre expedientes en los que las entidades ya habían justificado y estaba pendiente del dictado de la resolución por el órgano gestor».

Todo ello se une al anuncio realizado el pasado 22 de junio de que la juez María Núñez Bolaños archivará la pieza «política» de los cursos de formación financiados con fondos de la Junta de Andalucía, que afecta a 24 exdirigentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), entre ellos el exconsejero de Empleo Antonio Fernández o los ex delegados del ramo en las ocho provincias andaluzas.