Tras el caso ERE, la juez Núñez trocea ahora la macrocausa de formación

Tras la división de la macrocausa de los ERE falsos, ahora le ha tocado el turno al caso del fraude masivo en los cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía. Atendiendo una solicitud de la Fiscalía, la juez de instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha acordado mediante un auto dictado el pasado lunes desgajar nueve piezas de las diligencias abiertas por su antecesora en el juzgado, Mercedes Alaya, hace año y medio.

Núñez, que decidió delegar en su juez de apoyo las principales piezas del caso ERE, se hace eco de las razones esgrimidas por el Ministerio Público y advierte de que «la tramitación conjunta lejos de estar al servicio de la agilidad procedimental la invierte produciendo dilaciones de nada fácil explicación».

«Se pretende, con ello, evitar el automatismo en la acumulación de causas y la creación de las denominadas “macrocausas”», argumenta.

Éstas son las nueve piezas en las que ha acordado incoar unas diligencias previas separadas de la causa matriz, con sus respectivos imputados:

En primer lugar, habrá unas diligencias centradas en el entramado del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda y Delphi. En esta pieza se investiga la actividad desarrollada por empresas integradas en el Grupo Prescal, administradas por el exconsejero andaluz. En menos de año y medio, entre el 10 de agosto de 2009 y 3 de diciembre de 2010, la Consejería de Empleo le concedió 33,3 millones de euros con cargo al programa 32D para formar trabajadores tras el cierre de la planta de automoción de Delphi en Puerto Real (Cádiz). Núñez cree que ambas tramas, la de Ojeda y Delphi están conectadas.

Para la juez, existen «indicios de que buena parte de los fondos percibidos para la realización de curso en el entramado de sociedades y asociaciones vinculados al Sr. Ojeda, en lugar de destinarlos a la realización de cursos para capacitarlos en orden a una posterior contratación, se simulaban contratos de trabajo con los antiguos empleados de Delphi, existiendo además una contratación irregular, no con terceros, sino con empresas del propio grupo, subcontratación irregular que se habría realizado con la finalidad de desviar los fondos a otras empresas dificultando su seguimiento». Imputados en esta causa están el propio Ojeda y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, también acusado por el caso ERE.

De igual modo, la instructora ha dividido el caso en una segunda y tercera piezas, centradas en los entramados empresariales vinculados a José María Pérez González y a Rafael Velasco Sierra (exnúmero dos del PSOE andaluz). La juez, por un posible error en la transcripción del apellido del ex político, se refiere a la trama como la de «Velázquez» Sierra.

Otras cuatro piezas se centrarán en otros consorcios públicos de formación de la Junta, como son Ciomijas, Formades, Forman y el Consorcio Centro de Formación en Técnicas Industriales (CTI). El Ejecutivo andaluz ha solicitado reintegros en la mayoría de los 14 centros por colarle facturas de gastos sin relación con la acción formativa. La palma se la llevan los consorcios de Mijas, San Fernando, Málaga y Almonte.

La Faffe

Existe una octava pieza que investiga la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), el extinto ente adscrito a la Consejería de Empleo que era un coladero de afines al PSOE y estaba encargado de la gestión y tramitación de ayudas para la formación. Sus trabajadores han sido integrados en el actual Servicio Andaluz de Empleo.

La novena y última investigación se centrará en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), lo que está relacionado con la operación Barrado desarrollada el pasado mes de marzo por la Guardia Civil y dirigida por la juez Mercedes Alaya.

En relación con la operación Barrado en la que fueron detenidos nueve delegados y exdelegados provinciales de Empleo, la juez Alaya acusó a la Junta de Andalucía de crear una «red de clientelismo político», ya que desde la Consejería de Empleo se impartirían «órdenes» a las distintas delegaciones provinciales de Empleo para que no se controlara el dinero destinado a la formación.