Las subastas de medicamentos de la sanidad andaluza, investigadas por la Defensora del Pueblo

Las polémicas subastas de medicamentos que periódicamente realiza el Servicio Andaluz de Salud (SAS) están siendo investigadas formalmente por el Defensor del Pueblo Español, institución que dirige Soledad Becerril. La indagación se lleva a cabo a raíz de una queja presentada por la Asociación de Farmacéuticos de Andalucía (Afarán), presidida por la licenciada malagueña Teresa Martín. Este colectivo de profesionales se ha distinguido por sus duras críticas al sistema de pujas al considerar que perjudica gravemente a los pacientes de la comunidad autónoma.

La presidenta de Afarán, Teresa Martín, dirigió en julio una carta a la Defensora del Pueblo en la que daba cuenta de su «queja formal» contra el actual sistema de dispensación de medicamentos por parte de la Junta de Andalucía, por considerar que «no es el más adecuado y perjudica claramente al paciente».

La respuesta de Soledad Becerril fue la convocatoria de una reunión celebrada a mediados de septiembre, en la que Teresa Martín estuvo acompañada de la presidenta de la Federación Nacional de Oficinas de Farmacia (Cenofar),Alexia Lario, y asesoradas por un abogado.

Información adicional

Con posterioridad y a raíz de ese encuentro, para impulsar la investigación la Defensora del Pueblo ha solicitado a los promotores de la queja una información adicional sobre la problemática. Y es que Soledad Becerril «se mostró muy interesada», destacó a ABC la presidenta de Afarán.

Sostiene Teresa Martín que los andaluces no pueden acceder a los mismos medicamentos financiados por el Servicio Nacional de Salud. De un total de 10.000 medicinas sufragadas por el Ministerio de Sanidad, el SAS las limita a 400. «Andalucía -proclamó- se ha convertido en un gueto farmacéutico».

Y dentro de ese grupo de 400, aseguró, se dan niveles de desabastecimiento en tornoal 54 por ciento, debido a que «los laboratorios seleccionados no son capaces de cumplir con el volumen que le exige el mercado, con las consecuencias nefastas para el paciente de continuos cambios en sus medicaciones».

Afarán también trasladó a Soledad Becerril las dudas sobre el supuesto ahorro económico que están provocando las subastas. «Preguntó que dónde está el dinero. Y le dijimos que eso queremos saber todos. En qué cuenta está, y en qué se lo han gastado».

Mientras se sustancia la queja en el Defensor del Pueblo, Afarán, con la mediación del PP, quiere también que sus argumentos se oigan en el Parlamento Europeo, al igual que hizo el consejero de Salud, Aquilino Alonso, cuando defendió el pasado julio en Bruselas las razones de la Junta para poner en marcha las subastas.

Jesús Aguirre, senador y coordinador de Política Sanitaria del PP de Andalucía, señaló a este periódico que las gestiones se están llevando a cabo a nivel político y a través de la Asociación de Medicamentos Genéricos de ámbito europeo. Se quiere explicar por qué las subastas «provocan inequidad y daño a los pacientes y cómo el consejero faltó a la verdad».

Indicó el senador popular que Andalucía es la única comunidad que ha implantado este modelo. «Es una falacia con la que solo se persigue la confrontación con el Gobierno central, que no aporta nada, solo problemas para los pacientes», sobre todo, destacó, «para los crónicos, los polimedicados y los pluripatológicos y las personas mayores, a las que se va cambiando continuamente el medicamento, de una forma anárquica, y les provoca confusionismo y una falta de adherencia. Ese es el verdadero problema de las subastas».

Sobre el cacareado ahorro económico, Jesús Aguirre recordó que su formación política formula todos los años preguntas a la Consejería, «y nadie lo ha visto y nadie sabe dónde se está aplicando».