La mujer, de 64 años, murió el 22 de diciembre sin asistencia sanitaria en las urgencias del Hospital de Úbeda
La mujer, de 64 años, murió el 22 de diciembre sin asistencia sanitaria en las urgencias del Hospital de Úbeda - EFE
SANIDAD

Salud tendrá que explicar en el Parlamento la muerte de la mujer sin atención en las urgencias de Úbeda

La Diputación Permanente obliga a la comparencia extraordinaria de la consejera de Salud fuera del periodo de sesiones

SEVILLAActualizado:

La consejera de Salud, Marina Álvarez, tendrá que comparecer este mes en el Parlamento andaluz para informar del fallecimiento de una mujer en una camilla tras permanecer doce horas sin atención médica en las urgencias del Hospital de Úbeda (Jaén) y sobre las pruebas oseométricas y radiológicas de inmigrantes internados en la cárcel de Archidona.

La Diputación Permanente del Parlamento ha adoptado estos acuerdos al aceptar las peticiones de comparecencia en una comisión extraordinaria del PP-A, Podemos e IULV-CA sobre la muerte de una mujer en el hospital de Úbeda, cuya fecha está por decidir.

También aprobó la petición de Podemos e IULV-CA para que Álvarez informe acerca del desarrollo de las pruebas oseométricas y radiológicas realizadas a inmigrantes internados en la cárcel de Archidona.

El grupo del PSOE-A se opuso a la petición sobre el caso de la mujer de Úbeda y se abstuvo en las otras dos solicitudes, mientras Ciudadanos apoyó todas las demandas de comparecencia. La de los inmigrantes recluidos en el centro penitenciario de Archidona salió adelante por unanimidad.

A propósito del suceso en el Hospital de Úbeda, el portavoz del PSOE-A, Mario Jiménez, ha calificado de desafortunada y desgraciada la muerte de la mujer el 22 de diciembre que, a su juicio, requiere una investigación seria.

También ha acusado al PP-A de tratar de utilizar lo ocurrido como «argumentario político» contra la sanidad pública andaluza y para hacer política «de bajo vuelo».

La muerte de Aurelia

El ingreso de la mujer en Urgencias ocurrió el 21 de diciembre, cuando, por orden del médico, una trabajadora de la residencia de mayores de Quesada, donde residía la paciente, la llevó al centro ubetense y posteriormente regresó a su puesto de trabajo. Desde esa hora, las 2 de la tarde, la mujer permaneció en el servicio de urgencias sin acompañante. Previsiblemente, fue llamada a consulta, pero en su contra se concatenaron dos factores: su mal estado de salud y su desconocimiento del idioma. La víctima, rumana, apenas entendía el español. Aurelia, sobre la camilla y en la sala de espera, agonizó lentamente, sin un familiar, sin nadie cerca que se percatara de su empeoramiento.

Para la portavoz popular, Carmen Crespo, la consejera de Salud debería haber solicitado su comparecencia a petición propia en este mes en la Diputación Permanente porque es un caso de extrema «gravedad« y hay que dar respuestas a las demandas de la ciudadanía, aunque sea en periodos sin actividad parlamentaria.

En términos similares, Carmen Lizárraga (Podemos) cree que se trata de un asunto lo «suficientemente grave» como para que se den las explicaciones inmediatas.

La diputada de Ciudadanos Marta Bosquet ha coincidido con estos argumentos para señalar a continuación que, pese a los magníficos profesionales sanitarios, la falta de planificación y la «mala» gestión de la sanidad pública del Gobierno andaluz no debería dar lugar a casos como este.

«El debate de hechos tan graves no puede ser limitado por cuestiones procedimentales», ha lamentado el portavoz de IU, Antonio Maíllo, que ha criticado el retraso en la comparecencia de la consejera por ser enero parlamentariamente inhábil.

También ha sido aprobada la comparecencia de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ante la comisión correspondiente para explicar la actuación de su departamento en relación a este asunto.

Cárcel de Archidona

Sobre la comparecencia de Marina Álvarez para informar de la pruebas a los inmigrantes recluidos en la cárcel de Archidona, la mayoría de los grupos han coincido en rechazar la decisión del Ministerio de Interior de internar a menores no acompañados en este centro y en la «vulneración» de derechos que ha implicado esta medida.

El grupo del PP-A, por su parte, cree que el resto de grupos quiere utilizar este asunto para «machacar» al Gobierno central que, a su juicio, tomó una decisión «legal».