Funcionarios en una oficina del Servicio Andaluz de Empleo de Málaga
Funcionarios en una oficina del Servicio Andaluz de Empleo de Málaga - CARLOS HERNÁNDEZ
FUNCIÓN PÚBLICA

Montoro medita implantar las 35 horas que negó a los funcionarios andaluces

Extender la medida a todos los empleados públicos costaría entre 600 y 800 millones de euros

SEVILLAActualizado:

El «no es no» con el que el Ministerio de Hacienda y Función Pública respondía hasta ahora a las insistentes demandas de los sindicatos para reducir la jornada de los funcionarios ha pasado a la historia. El ministro Cristóbal Montoro ha abierto ahora una ronda de contactos con los representantes de los empleados públicos para buscar puntos de acuerdo.

Se está negociando todo, según han confirmado a ABC fuentes oficiales de Hacienda. Y ese «todo» incluye también la implantación de la jornada de 35 horas semanales para los empleados públicos, el asunto que más ha tensionado las relaciones entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía en los últimos meses. Y que desencadenó un áspero litigio entre ambas administraciones ante el Constitucional.

La «buena disposición» a negociar que destaca el Ministerio es corroborada por sus interlocutores. Miguel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), se reunió con Montoro el pasado 23 de enero por la tarde. Las sensaciones del encuentro fueron buenas.

La implantación de esta medida en Andalucía fue uno de los argumentos empleados por este sindicato para tratar de convencer al ministro. «Sobre las 35 horas le dijimos que en Andalucía ya se está utilizando con luz y taquígrafos. Le pedimos que deje que cada administración pública negocie la reducción de jornada». «No quiero ser extraordinariamente optimista, pero el ministro dejó entrever que es un tema que podemos ver», comentó Borra.

El dirigente de la CSIF defendió que es el momento de recuperar las condiciones laborales anteriores a la crisis y que el coste que esta medida es compensado por la creación de mayor empleo de calidad (para suplir la reducción de jornada) y la mejora de los servicios. El Ministerio de Función Pública ha hecho números. La extensión de esta medida a todos los empleados costaría entre 600 y 800 millones de euros. La misma receptividad fue destacada por UGT y CC.OO. en otro encuentro con el ministro.

Desde el 16 de enero, los 274.000 empleados andaluces —entre funcionarios, laborales y eventuales— empezaron a trabajar 35 horas en lugar de las 37,5 que fijan los Presupuestos Generales del Estado. Hasta que en diciembre pasadoel Tribunal Constitucional (TC) tumbó el decreto-ley autonómico, que había sido recurrido, exprimiendo al máximo los plazos, por el Ejecutivo central, como antes había hecho con iniciativas similares en el País Vasco, Castilla-La Mancha o el Ayuntamiento de Madrid. La medida invadía, a juicio del TC, competencias exclusivas del Estado.

Para salvar este escollo, huyendo de la vía rupturista de Puigdemont, el Gabinete de Susana Díaz diseñó un atajo legal para cumplir la sentencia que pasa por computar como jornada laboral dos horas y media de trabajo no presencial, hasta completar las 37,5 horas. Para ello ha puesto a disposición de los funcionarios un amplio catálogo de tareas que abarca desde cursos de idiomas a otros de meditación.

Desde Bruselas, Susana Díaz puso el foco sobre las contradicciones del Ejecutivo del PP en este asunto. Vaticinó que nos «va a dar la razón» después de la que «formó» en alusión al recurso ante el TC. «Es la marca Gobierno Rajoy, que llega tarde y mal a todos los problemas». El PP de Castilla-La Mancha también ha apoyado ante la CSIF las 35 horas.