La Junta de Andalucía cancelará sus contratos con empresas por impago de nóminas

El Gobierno de la Junta de Andalucía ha firmado este lunes un acuerdo con los sindicatos CC.OO. y UGT y la patronal andaluza para introducir un extenso catálogo de cláusulas sociales y medioambientales en los contratos públicos. Entre las novedades que incluye este pacto, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, destacó que «cuando una empresa durante dos meses consecutivos incumpla el pago del salario, automáticamente se va a cancelar ese contrato, porque cuando eso se produce hay un deterioro del servicio».

Díaz ha subrayado el «enorme impacto económico» que tiene la contratación autonómica, dado que la Junta es «la principal empresa de Andalucía». La guía, que será aprobada como decreto por el Consejo de Gobierno a finales de este mes, recoge una serie de estipulaciones que se incluirán en los pliegos de cláusulas administrativas que rigen las contrataciones.

Las adjudicaciones de servicios que realiza la Administración autonómica a lo largo de un año mueven en torno a 6.000 millones de euros, según fuentes de la Consejería de Hacienda, cuya responsable, María Jesús Montero, también estuvo presente en el acto.

El acuerdo ha recibido las alabanzas unánimes de los secretarios generales de los sindicatos en Andalucía, Francisco Carbonero (CC.OO.) y Carmen Castilla (UGT), así como del presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, que ha reconocido que ha habido que hacer «concesiones» tras una dura negociación. Juntos velarán por su cumplimiento a través de una comisión de seguimiento. La guía «tiene un objetivo que es garantizar la igualdad de oportunidades de quienes acceden a la contratación pública», indicó la presidenta.

El texto distingue entre cláusulas de obligado cumplimiento y recomendaciones. Entre las novedades, se marca la prohibición de contratar a empresas que incumplen la legislación ambiental o que hayan sido sancionadas por infracción muy grave en materia laboral. Entre las recomendaciones, dependerán del tipo de contrato, pero se podrán incluir cláusulas que exijan «el uso no sexista del lenguaje en documentos, la subtitulación del material audiovisual» o la incorporación de ecoetiquetas en productos textiles que tendrán en cuenta el contenido de fibras naturales, entre otras.