Los letrados del PP Lourdes Fuster y Luis García Navarro
Los letrados del PP Lourdes Fuster y Luis García Navarro - RAUL DOBLADO
CURSOS DE FORMACIÓN

La juez Núñez admite a un exconsejero de la Junta las pruebas que le negó al PP en el caso Formación

La magistrada investiga ahora ayudas de la Junta de Andalucía a otras tres entidades para formar a ex empleados de Delphi

SEVILLAActualizado:

Ante dos peticiones similares de pruebas, la juez María Núñez Bolaños ha adoptado dos soluciones radicalmente distintas. La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga irregularidades en las ayudas para cursos de formación, ha admitido parcialmente una prueba propuesta por la defensa del exconsejero y empresario Ángel Ojeda Avilés para que sean investigadas otras entidades que recibieron subvenciones excepcionales de la Junta de Andalucía para formar a los 1.904 extrabajadores de la fábrica de automoción Delphi, ubicada en Puerto Real (Cádiz).

Hasta ahora las pesquisas estaban centradas en averiguar el destino de los 33,3 millones de euros que fueron a parar a cinco asociaciones vinculadas al grupo Prescal —presidido por Ojeda— para formar y pagar nóminas a exempleados de la factoría clausurada en 2007.

Lo «sorprendente» es que «idéntica prueba» había sido solicitada por el PP andaluz sólo seis meses antes, pero la juez la rechazó, según denuncia esta acusación popular en un recurso de apelación presentado contra un auto dictado por ella el 15 de enero.

Vulneración del derecho a la tutela judicial

En un escrito al que ha tenido acceso ABC, los letrados que representan al PP, Luis García Navarro y Lourdes Fuster, reprochan a la instructora que «vulnera groseramente el derecho a la tutela judicial efectiva establecido en la Constitución Española en el artículo 24, pareciendo que ha olvidado que el derecho a la tutela judicial efectiva, igualdad de armas o el derecho a la prueba asiste a todas las partes y no sólo a algunas de ellas».

Para justificar su negativa al PP en un auto dictado el 10 de julio pasado, la juez Núñez reprodujo algunos de los argumentos expuestos por la Fiscalía Anticorrupción y cargó contra esta acusación por buscar una suerte de causa general o «inquisitio generalis» en el caso Formación. El Ministerio Público aseguró que no había «hechos incidiarios» que avalasen dicha investigación «prospectiva».

El PP, en cambio, considera que su petición estaba motivada a la vista de un contundente informe elaborado por dos inspectores de Trabajo y Seguridad Social que advertía irregularidades en la utilización de 106 millones gastados por la Junta en el «dispositivo de tratamiento singular» de Delphi.

En su informe, el perito dejó patente que el Gobierno andaluz ideó una potente cobertura de fondos públicos, un sistema de subvenciones directas y excepcionales, «incumpliendo la normativa dictada por la propia Junta» con el único fin de «dar cumplimiento a sus compromisos políticos con los afectados por el cierre de la factoría».

La juez Núñez acepta ahora, a propuesta del exconsejero investigado, requerirle a la Junta los expedientes completos de subvenciones de las entidades beneficiarias de fondos Gadir Solar, SK 10 Composite Aeroespacial y SK 10 Desarrollo y Tecnología. Paradójicamente, tres expedientes donde el perito que elaboró el informe «no aprecia ilegalidad», según detalla el PP en su recurso.

En su auto del pasado 15 de enero, la magistrada no considera necesario investigar a otras entidades que recibieron ayudas para formar a exempleados de Delphi y donde hubo irregularidades como es el caso de la extinta fundación autonómica Faffe, que se financiaba con subvenciones para formación. Tampoco indaga en las ayudas concedidas a las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia (SAFA), la Fundación Universidad Empresa de la provincia de Cádiz (Fueca) y Forja XXI.

La juez ha citado a 23 personas para declarar como investigados el próximo febrero por un presunto fraude en los contratos para formación de la entidad pública Faffe y ha reclamado a la Junta que informe de los expedientes de reintegro incoados y el estado de la revisión de subvenciones.