SOCIEDAD

Los interinos abren otro frente a la Junta por favorecer el trabajo precario

Movilizarán a unos 35.000 empleados para denunciar que se encadenan contratos durante años en fraude de ley

Manifestación de profesores interinos
Manifestación de profesores interinos - PEPE ORTEGA
J.CEJUDO Sevilla - Actualizado: Guardado en:

Las calles de Sevilla serán escenario el próximo 27 de diciembre por la tarde de una manifestación que pretende convertirse en el origen de otra «marea» contra la política de la Junta de Andalucía. Sus promotores buscan movilizar a los interinos de la administración autonómica de todas las provincias, unos 35.000, de las consejerías y de los diferentes entes instrumentales, para protestar por la situación de precariedad laboral que sufren y para exigir su pase a la condición de indefinidos no fijos, con derecho a una indemnización en caso de despido.

Promovida por el colectivo de valoradores de la Dependencia adscritos a la Junta, se trata de un frente al hilo de las protestas por los recortes sanitarios, generado por los propios trabajadores de la Junta de Andalucía contra su política de precariedad laboral.

El cambio de estatus laboral es una demanda que comenzó a fraguarse en el seno de los contratados de forma eventual por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), pero que en los últimos meses se ha extendido ya a la práctica totalidad de los estamentos de la administración andaluza.

La estabilidad laboral al superar los tres años de interinidad, y el derecho a percibir una compensación económica por despido, es algo que vienen reclamando los empleados públicos sin plaza fija pero que se mantienen en sus puestos encadenando contratos temporales o por cualquier otro sistema, como la prórroga, lo que a la postre consideran que se trata de un «fraude de ley».

Sentencias

Son, además, situaciones que han sido puestas en entredicho en diferentes sentencias tanto a nivel nacional como por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, según ha recordado en declaraciones a ABC el abogado gaditano Manuel Martos, que representa a un buen número de afectados por esa circunstancia, y que mantiene varios frentes abiertos, algunos de los cuales traspasa el ámbito autonómico.

El último de ellos, la presentación en el Congreso de los Diputados de una iniciativa legislativa popular que de momento ha sido admitida a trámite, y en la que se reclama la elaboración de una Ley estatal que permita la regulación del personal funcionario interino y estatutario temporal.

Según el documento remitido al Congreso de los Diputados, ante el «vacío legal» que existe en la actualidad, la futura normativa debería incluir que en el caso de amortización del puesto de trabajo, cobertura de plaza por funcionario de carrera, por concurso de traslado u otras modalidades, se apruebe una liquidación de 20 días de salario por año de servicio.

La iniciativa prevé asimismo que las administraciones que en el plazo de seis años no convoquen las plazas preceptivas por oferta de empleo público, podrán realizar procesos extraordinarios y urgentes de consolidación de empleo.

La futura ley, tal y como está previsto en la iniciativa legislativa popular, se aplicará a todo el personal que tenga vínculo con la Administración, quedando excluidos los funcionarios de carrera, el personal eventual de confianza y el laboral fijo.

Por lo que respecta al caso concreto de los valoradores de la Dependencia, que fueron contratados por la Junta en 2007, su problemática es doble, ya que además de estar inmersos en la precariedad, la convocatoria de un concurso de méritos para cambiar de destino entre el personal fijo de la Junta pone en peligro sus puestos de trabajo.

Y es que determinados funcionarios de carrera pueden aspirar a través del concurso a los puestos de los trabajadores de la Dependencia. Por esta razón se han presentado impugnaciones, individuales y colectivas, y se ha solicitado la suspensión cautelar de las pruebas, sólo en lo que concierne a las plazas de valoradores.

La situación de este personal es singular, ya que fueron contratados el 21 de agosto de 2007 «y no hay un valorador en toda Andalucía que sea funcionario. El cien por cien de la plantilla, 235 trabajadores, es interina en fraude», subraya Manuel Martos, extremo que se ha denunciado «tanto a nivel individual como colectivo, porque sabíamos que si se convocaba concurso de traslado podrían salir perjudicados.

Cabe señalar, además, que el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, abrió recientemente una queja de oficio para investigar la situación de estos trabajadores ante la inclusión de las plazas vacantes en el próximo concurso de traslados, ya que, a su juicio, el servicio «resultará ciertamente afectado» porque, salvo excepciones, «la mayoría de los funcionarios que opten a los puestos carecen de la formación y experiencia sobre la aplicación de la Ley de la Dependencia en Andalucía».

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