La Consejería de Empleo tarda meses en entregar informes requeridos por el juzgado, la Fiscalía y el PP

A. R. VEGA

14/05/2018
Actualizado a las 07:54h.

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La investigación abierta sobre las irregularidades de las subvenciones para formar a parados que gestionó la fundación Faffe , perteneciente a la Junta de Andalucía, avanza «a paso de tortuga» en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Mediante una providencia dictada el pasado 27 de noviembre, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, la magistrada María Núñez Bolaños requirió a la Dirección General de Formación para el Empleo , adscrita a la Consejería del ramo, el informe digitalizado de los distintos reintegros incoados contra la fundación pública y otro informe sobre los trabajos de justificación y liquidación del ente público, cuyos trabajadores fueron subrogados por la actual agencia del Servicio Andaluz de Empleo.

Hasta principios de este mes, la Junta no ha entregado parte de la documentación requerida en noviembre. Y aún queda documentación solicitada por aportar. El propio consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero , reconoció el pasado jueves que está preparando todavía documentación solicitada en noviembre, aunque, matizó, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil «tiene acceso a ella desde 2015».

A iniciativa de la Fiscalía Anticorrupción, la juez Núñez también pidió un informe sobre el estado en el que se encuentran las subvenciones y el resultado de la revisión de las mismas por parte del grupo de trabajo creado por la propia Dirección General a petición del juzgado en enero de 2015.

Además, el juzgado volvió a reclamar a la Junta un informe sobre la existencia de expedientes de reintegro abiertos por la Administración autonómica a su fundación que fueron solicitados el 21 de septiembre de 2015 por la UCO y «no consta su incorporación al procedimiento», según hacen constar en un escrito dirigido el 13 de abril al juzgado los abogados Luis García Navarro y Lourdes Fuster, que representan a la acusación popular del PP.

Estos letrados recordaron en su escrito de abril que aún no se había facilitado el repositorio de los correos electrónicos de la fundación Faffe, que habían sido requeridos por el juzgado a la Consejería el 27 de noviembre.

Desde el PP pidieron que se apercibiera a la Dirección General de Formación para «el urgente cumplimiento de lo acordado». Además, esta parte se unió a una petición de la Fiscalía y de la Guardia Civil para que se emita un mandamiento judicial dirigido al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) con el fin de permitir el acceso de los agentes a los expedientes de contratación de la Faffe, a los expedientes de justificación de las ayudas, así como a las facturas y pagos efectuados con tarjetas asignadas a sus cuentas .

No obstante, el consejero de Empleo defendió que «desde un primer momento, esta Consejería ha colaborado con todos los medios a su disposición y de manera absoluta con los requerimientos que los juzgados y la UCO nos han hecho».

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