El 85% de las piezas del caso ERE siguen sin investigarse
Están a la espera de que la juez María Núñez Bolaños ordene abrir diligencias de instrucción
El caso ERE cumple este viernes siete años con la mayor parte del sumario todavía por escribir. El 85 por ciento de las piezas de investigación que conformarán esta macrocausa están pendientes de diligencias de instrucción, es decir, a la espera de que el juzgado que dirige María Núñez Bolaños ordene una investigación. Así se desprende de los datos recabados por la Fiscalía Anticorrupción y expuestos el pasado martes por esta parte del proceso, dentro de su batería de cuestiones previas, en el primer juicio que se celebra después de siete años de pesquisas.
Fue el 19 de enero de 2011 cuando la juez Mercedes Alaya abrió las diligencias previas 174/2011, la más trascendental macrocausa penal contra la corrupción política en Andalucía. De este tronco, segmentado en piezas con la llegada de Núñez Bolaños al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, surgió la rama política, que ha llevado al banquillo a 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, incluidos sus principales referentes, los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
El tribunal debe decidir si el Gobierno andaluz ideó, a sabiendas de su ilegalidad, un «sistema opaco», a espaldas de los controles de la Intervención, para repartir «de forma arbitraria» 855 millones de euros en ayudas a empresas entre 2000 y 2011.
La sentencia que salga de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla marcará el destino procesal de otras piezas abiertas —que acumulan cerca de 300 imputados—, y de las más de 250 que aún quedan por instruirse, una por cada empresa o institución que recibió una porción de esta tarta de fondos públicos que se nutría de las partidas presupuestarias 22E y 31L.
De las 270 piezas aproximadamente que conformarán la monumental causa de los ERE , según detalla la Fiscalía, «sólo se han practicado diligencias de instrucción en el juzgado» en unas 35, a las que se suman otras cuatro investigaciones ya concluidas, de la cuales tres están pendientes de que se señale la fecha del juicio. Tras presentarse un atestado policial, se han incoado 104 piezas, pero esto no pasaría de ser una mera formalidad porque, más allá de su apertura, nada se ha avanzado.
La mayor parte de piezas que compondrán este enorme mecano procesal que es el caso ERE, que ha pasado por las manos de seis jueces distintos durante su larga instrucción, están aún por ensamblar. Sólo la causa matriz, de la que emanan el resto de piezas, está compuesta por casi 5.500 archivos, 341 tomos y un millón de folios.
Según se desprende de lo expuesto por el Ministerio Público, de un total de 270 piezas, sólo el 15 por ciento (35) se estarían investigando en realidad. En ellas figuran como investigados (actual denominación de imputados) supuestos intrusos (personas que cobraban pólizas de prejubilación subvencionadas sin haber trabajado nunca en la empresa), mediadores de seguros, empresarios, abogados, «conseguidores», representantes de sindicatos, además de ex altos cargos de la Junta. Un universo incorporado al decorado de la corrupción andaluza que fue descubriendo Alaya tirando del hilo de la madeja del caso Mercasevilla.
855 millones de euros
La Fiscalía trajo a colación estos datos para provocar que el tribunal decida, antes de que comiencen los interrogatorios, si los 22 ex altos cargos acusados van a ser juzgados por prolongar la «ilicitud» de un sistema que movilizó 855 millones de euros durante una década o si también se les enjuiciará por cada una de las ayudas sociolaborales y a empresas donde intervinieron, algunas de las cuales ya se investigan en otras piezas desgajadas de la macrocausa. Esta segunda opción constituiría una ampliación del objeto del proceso y produciría, a juicio del fiscal Juan Enrique Egocheaga , una «evidente indefensión» a las acusaciones y al resto de partes.
La clave de bóveda de esta disyuntiva está en una decisión adoptada en agosto por la Audiencia Provincial de Sevilla tras admitir los recursos presentados por dos acusados. La Sección Séptima estableció que si un ex alto cargo está encausado en la pieza política —que engloba todas las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo— no puede ser enjuiciado por cada una de esas ayudas de forma aislada.
La doctrina de la Audiencia de Sevilla, que tiene su origen en una división del caso a la que Alaya siempre se resistió, ha abierto la puerta a la exclusión masiva de políticos en diligencias centradas en subvenciones.
La sombra de la prescripción de delitos también acecha al caso ERE como una amenaza. Para doce empresarios de la Sierra Norte de Sevilla y beneficiados con ayudas irregulares, la Justicia llegó demasiado tarde. La juez Núñez archivó en marzo de 2016 los cargos que pesaban sobre ellos al haber prescrito sus delitos. Cuando habían sido acusados, habían pasado más de diez años desde que la Junta le concedió las ayudas, el plazo máximo para actuar contra los perceptores de ayudas inferiores a 450.000 euros. Por el mismo motivo la magistrada dio carpetazo el pasado julio a la pieza separada por una ayuda de 90.151 millones concedida en el año 2003 a la empresa Electrificaciones Roma S.L. al haber caducado los delitos de prevaricación y malversación que se investigaban.
El letrado del exconsejero de Empleo José Antonio Viera ha apelado a este argumento, la prescripción del delito de prevaricación, para evitar la «pena de banquillo» en el juicio de la pieza política del caso que juzga toda una década de gestión socialista en Andalucía.
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