Los problemas de la subasta de fármacos siguen pese a su aval legal

Problemas de desabastecimiento en las farmacias, falta de adherencia en los tratamientos, inequidad con respecto a las demás comunidades autónomas, ahorros «irrisorios»... Las polémicas subastas de medicamentos que lleva a cabo la Junta de Andalucía —única región que ha optado por este modelo de ahorro en el gasto farmacéutico— fueron el centro del debate ayer martes en Málaga en una jornada organizada por el Club de Opinión Farmacéutico y Afarán que se desarrolló en el hotel NH de la capital..

Durante el desarrollo de dos mesas redondas con la participación de muy diversos estamentos, se pusieron de relieve todos los problemas que el sistema está generando. Y eso a pesar de que el Tribunal Constitucional ha declarado sujetas a derecho las subastas atendiendo al nivel competencial de aAndalucía.Pero sobre todas, destacó una conclusión: que este organismo haya declarado a la Junta competente para ejecutarlas no entra en valorar si el modelo es bueno o no.

Y al mayoritario juicio de prácticamente todos los intervinientes, la respuesta es clara:en absoluto.

Así, representantes de los pacientes se quejaron, entre otras cosas, de las dificultades que tienen para seguir un tratamiento cuando varían los envases de una vez para otra. «¿Somos los andaluces pacientes de primera?», se preguntó María Victoria Martín, vicepresidenta del Foro Andaluz de Pacientes.

Una crítica en la que incidió el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, Manuel Pérez, que definió como «un problema en vez de una solución» todo lo concerniente a las subastas. Pérez calificó de «insultantemente irrisorios» los ahorros producidos «por laboratorios que ganan mercado en Andalucía de forma extravagante».

«No es ahorro, es recaudación», rebatió el vocal del colegio malagueño de boticarios Antonio Romero, quien pidió un consenso a los grupos políticos para atenerse a un sistema de precios de referencia, y se preguntó por qué el PSOE no apoya ese modelo cuando a nivel nacional fue instaurado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2011. Romero destacó también la falta de transparencia que hace que no se conozca a ciencia cierta a qué destina el Ejecutivo andaluz los supuestos ahorros que consigue mediante las subastas.

Por su parte, José Luis Márquez, presidente de Ceofar, la patronal andaluza de oficinas de farmacia, abundó en los problemas de desabastecimiento que sufren a diario las boticas. Una dificultad que, expresó, son los propios farmacéuticos los que se están viendo obligados a solucionarla a diario. En este sentido, el secretario del grupo Bidafarma, Luis Ortega, cifró en 56.000 las sustituciones diarias de fármacos que han de afrontarse ante la tesitura de que los laboratorios que resultan adjudicatarios no son capaces de distribuir de manera correcta las necesidades. Alexia Larios, presidenta de Fenofar, con base en Madrid, concluyó de manera tajante:«Viendo cómo es la subasta de medicamentos de Andalucía, no quiero exportar este modelo a ningún sitio de España».

Oportunidad política

La suya era la parte más difícil. El portavoz de Sanidad del PSOE en el Parlamento Andaluz, Francisco Vargas, defendió ayer prácticamente en solitario el sistema de subastas.Se basó en el ahorro que suponen y especialmente en la validez jurídica aportada por el TC.

Del resto de grupo, sólo Podemos, en boca de Juan Antonio Gil, apoyó las subastas aunque incidió en la necesidad de mejorarlas. Tanto la portavoz del PP, Catalina García, como la de CiudadanoS, Isabel Albas, se mostraron claramente en contra y se conjuraron para que la próxima ley de garantías y sostenibilidad del sistema sanitario que debatirá próximamente la Cámara andaluza las tumbe o modifique sustancialmente. «Es una oportunidad para corregir lo que ha sido un error fruto de la falta de consenso», dijo García. Para ello, Albás instó a las asociaciones de pacientes a enmendar la futura norma.