Arranca el juicio contra el alcalde que tenía 150.000 euros bajo el colchón

Alcaucín es un pequeño municipio de la Axarquía malagueña que a principios de 2009 acaparó todos los informativos el país. Una operación de la Guardia Civil contra la corrupción urbanística dejaba la imagen de su alcalde, el socialista José Manuel Martín Alba, esposado camino del calabozo. La investigación destapó una supuesta trama para construir viviendas en suelo no urbanizable que salpicó a cargos de la Diputación Provincial y que puso en entredicho los filtros del PSOE después de que se supiera que durante tiempo había hecho oídos sordos a los avisos realizados por un militante del partido.

Pasados más de seis años desde entonces, el exregidor, al que se le incautaron algo más de 150.000 euros escondidos bajo su colchón, hoy deberá acudir a la Ciudad de la Justicia para sentarse en el banquillo de los acusados junto a otras 48 personas en la primera sesión del juicio de lo que se denominó como «caso Arcos».

Alba se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de 226 años de cárcel y su detención, que se produjo tres años después de «Malaya», dos después de «Troya», ponía de manifiesto que la corrupción no era exclusiva de las grandes urbes y que podía enraizar en una localidad de poco más de 2.500 habitantes.

Está acusado de los delitos de fraude, malversación, falsedad, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad en documento oficial y tráfico de influencias, por los que, además de la pena de prisión, se le piden 700 años de inhabilitación para empleo o cargo público.

Se da la circunstancia de que Martín Alba fue detenido de nuevo en marzo de 2012 en una segunda fase de la investigación que se centro en el Patronato de Recaudación.

Para el que fuera jefe adjunto de Arquitectura de la Diputación de Málaga, José Francisco Mora, otro de los nombres «ilustres» de la trama, el Ministerio Público solicita un total de 111 años de cárcel por los cargos de falsedad, estafa, falsificación, cohecho, ordenación del territorio y falsedad en documento oficial.  

El procedimiento, que se ha centrado en varias tramas de corrupción urbanística que durante la última década operaron en Alcaucín, dio lugar a la imputación de más de 70 personas y su fase de instrucción se cerró con un sumario de casi 50.000 folios. 

La acusación se dirige contra 27 empresarios de la promoción urbanística, el exalcalde y dos familiares, seis funcionarios municipales o de la Diputación de Málaga, siete arquitectos, cuatro intermediarios y dos abogados o asesores urbanísticos. 

Anticorrupción plasmó en su escrito de acusación que de los hechos ocurridos de 1999 al 2010 se derivan 90 delitos de falsedad ideológica  y que en algunos casos supuestamente se manipularon firmas, sellos y textos. 

También señaló delitos de falsedad en documento oficial o por imprudencia grave y 62 cargos de prevaricación o prevaricación urbanística atribuidos al exalcalde por autorizar arbitrariamente parcelaciones o construccionescontrarias a la normativa urbanística, prescindiendo casi siempre de los preceptivos informes.

Igualmente calificó 22 delitos contra la ordenación del territorio por construcciones ilegales y otros de cohecho, fraude, malversación, estafa, estafa procesal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, actividades prohibidas a funcionarios y de intrusismo profesional.

La Fiscalía señala que «tan prolongada actividad se sitúa en los años del auge urbanístico, que en el caso de Alcaucín se tradujo en una creciente demanda de nuevas viviendas, impulsada por multitud de residentes extranjeros deseosos de establecerse en la Axarquía, lo cual desbordó la previsión de suelo urbanizable».