Una sentencia libra al Ayuntamiento de Jaén de pagar más de un millón por el fiasco de la fábrica de Dhul

Un juez ha eximido al Ayuntamiento de pagar más de un millón de euros a la empresa constructora de la urbanización sobre la que se asentaría la fábrica de comida preparada de Dhul, propiedad del grupo Ruiz-Mateos, al que la Junta de Andalucía subvencionó con 4 millones de euros para la puesta en funcionamiento del proyecto. La sentencia ha originado un rifirrafe político entre la portavoz del consistorio, Reyes Chamorro, del PP, y el parlamentario andaluz socialista Julio Millán.

Chamorro considera que la sentencia pone de manifiesto las irregularidades del gobierno municipal socialista, que se comprometió a abonar el dinero después reclamado por la empresa promotora sin contar con el visto bueno de los servicios técnicos. Millán, por su parte, aclara que la entonces alcaldesa socialista, Carmen Peñalver, actúo en el marco de la legalidad, como quedó demostrado cuando declaró como testigo por la causa que ahora ha dirimido el juez.

Por esta razón, acusa al PP de retorcer la sentencia en un ejercicio de baja política.

La portavoz popular ha explicado que el origen del problema, desbrozado ahora por el juzgado contencioso administrativo número 3 de Jaén, se remonta a 2008, cuando el Ayuntamiento, liderado por el PSOE, firmó un protocolo con la empresa Ruiz-Mateos para que Dhul instalara en Jaén una fábrica que generaría cerca de 400 puestos de trabajo directos e indirectos. Ante esta perspectiva laboral, el Ayuntamiento se comprometió a financiar las obras de urbanización necesarias. En 2010 se envió un informe al servicio de contratación del Ayuntamiento para acometer las obras, pero la intervención municipal alertó de que no había crédito disponible. A pesar de esto, la administración local firmó una adenda a ese protocolo en la que puntualizó que como el consistorio jiennense no tenía con qué pagar esa obra, fuera la empresa Dhul la que contratara con otra empresa el proyecto de urbanización y después le remitiera la factura al consistorio.

El grupo Dhul contrató entonces a una empresa vasca, que acometió las obras de urbanización (acerado, alumbrado, suelo...). Posteriormente, le pidió al Ayuntamiento que le pagara 1.366.000 euros. Es decir, según ha denunciado Cárdenas, lo que en principio costaba 555.000 euros dobló su precio. Además, se presentó otra factura de un nuevo proyecto por importe de 1.400.000 euros. Contratación realizó un informe para explicar que no había posibilidad de pagar esa cantidad porque el proyecto no estaba firmado por los técnicos, el presupuesto no se ajustaba al informe y no se adjuntaba acta de replanteo.

Aunque la urbanización se llevó a cabo, la planta de comida preparada no se concluyó por los problemas económicos del grupo empresarial promotor, al que la Junta reclama judicialmente la subvención millonaria. De la fábrica no queda ni la carcasa. La última visita que recibió esta nave fue la de los bomberos, que el pasado mes de mayo sofocaron un nuevo incendio.