La izquierda carga contra Rafaela Crespín tras la sanción de la Junta a Guadalquivir Futuro

Las reacciones políticas no han tardado en llegar tras conocerse la sanción impuesta por la Junta de Andalucía sobre la Fundación Guadalquivir Futuro, una vez culminada la primera de las investigaciones sobre las supuestas mordidas a fondos públicos del Plan Emple@. El PP ya pidió el jueves «responsabilidades políticas» y ahora la artillería ha llegado por la banda izquierda.

El foco de las críticas está ahora puesto en la delegada del Gobierno andaluz, Rafaela Crespín (PSOE). La máxima representante de la Junta en Córdoba se limitó a instar a los trabajadores a acudir a la Magistratura de Trabajo si sentían lesionados sus derechos, quedándose al margen de la investigación. En un comunicado, Podemos Andalucía ha pedido la dimisión de Crespín por su defensa de las entidades sancionadas.

La petición se hace extensible al delegado Empleo en la provincia, Manuel Carmona. Según el parlamentario andaluz de Podemos por Córdoba, David Moscoso, «sin la denuncia de los trabajadores no habría habido investigación ni sanción alguna», por lo que pide depurar responsabilidades.

También IU ha criticado con dureza la actitud de Crespín desde que se dio a conocer este caso a través de las informaciones publicadas por ABC Córdoba. La parlamentaria de la formación por Córdoba, Elena Cortés, cree que actuó «desde la prepotencia ante gente humilde y trabajadora» que alertó sobre el supuesto fraude con sus salarios. Ahora que las investigaciones de la Consejería de Empleo les han dado la razón, Cortés tiene claro que durante la comparecencia del consejero Crespín diría «tierra trágame».

La fundación está presidida por Ángeles Muñoz, que fue en la lista del PSOE encabezada por Juan Pablo Durán, mientras que la entidad juvenil la preside su hijo Cristian Menacho, quien ocupa la secretaría local de las Juventudes Socialistas (que han pedido su dimisión) y fue en la lista electoral de la alcaldesa Isabel Ambrosio.