Una reforma «necesaria» para la viabilidad de la farmacia rural

El PSOE llevaba semanas anunciando una enmienda a la totalidad a la reforma de la Ley de Ordenación Farmacéutica al considerar que no garantiza la viabilidad de la farmacia rural a medio plazo. Sin embargo, sólo su grupo parlamentario ha apoyado la enmienda, porque esta normativa presentada por el Gobierno y apoyada por el Grupo Parlamentario Popular, ha contado en su elaboración con el apoyo del propio el sector farmacéutico.

De esta forma, las Cortes de Castilla-La Mancha rechazaban la enmienda, que había sido defendida por el diputado socialista Fernando Mora, que se llevó un rapapolvo del consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, al considerar que estaba haciendo el «ridículo», además de hacer «un agravio a los farmacéuticos».

Y es que para Echániz, se trata de una ley «importante y necesaria», porque la actual norma en vigor debe ser reformada por «razones normativas y legales», y recordó que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales algunos preceptos de la ley farmacéutica aprobada por el anterior Gobierno regional.

El consejero desgranó las principales novedades de esta modificación, como a creación de una Comisión Regional del Uso Racional del Medicamento, la introducción de incentivos para la farmacia rural, el impulso de la figura del «farmacéutico adjunto» y que las farmacias más cercanas sean las que presten servicios a las residencias de mayores de la zona.

El sector, parte activa

Resaltó que los farmacéuticos han sido «parte activa» en la elaboración de esta modificación. Dijo que la reforma de la ley de farmacia «pretende ser una pieza fundamental» en la reforma del sistema de salud de Castilla-La Mancha que además «apoya al ámbito rural, donde las farmacias presentan un servicio imprescindible».

En cambio, el diputado socialista Fernando Mora pedía al Gobierno regional que retirara la modificación de la ley, ya que sostuvo que el texto que se propone es «fragmentado e inconexo» que «sólo genera inseguridad jurídica a los operadores del sector», al tiempo que advirtió de que no garantiza la viabilidad de la farmacia rural a medio plazo ni vela por el interés general, según informó Efe.

Para Mora, otro de los motivos por los que se debe retirar la reforma es porque modifica 32 de los 93 artículos, lo que a su juicio supone «una mala práctica jurídica», pues defendió que lo más correcto sería elaborar una nueva ley, ya que la que resultará de estos cambios será «un parcheo farragoso».

Asimismo, reprochó que el texto no aporta mejoras para la sostenibilidad de la prestación farmacéutica, ya que «modifica los criterios de distribución y dispensación más allá de lo establecido en la legislación básica, sin que este quehacer redunde en una minoración efectiva del gasto farmacéutico».

Por ello, pedía al Gobierno regional que aceptase su enmienda a la totalidad, retirase el proyecto de ley, estudiase el asunto y «cuando tengan los estudios previos sobre la viabilidad futura de su proyecto de ley» se estudie con los colegios de farmacéuticos.

«Hagamos una ley que tenga también en cuenta a los usuarios, a las zonas rurales, y que tenga como virtud el ser buena para todos los castellanomanchegos», propuso el diputado socialista.

Por su parte, el diputado del PP en las Cortes Carlos Velázquez indicó que el único argumento aportado por los socialistas para presentar esta enmienda a la totalidad ha sido «el no por el no» y les ha afeado que primero presenten una enmienda a la totalidad y, luego nueve enmiendas parciales.

A su juicio, este número de enmiendas supone que los socialistas están de acuerdo con la mayoría de las modificaciones parciales propuestas por el Gobierno regional y que -insistió- han estado «consensuadas y trabajadas» con los profesionales del sector.

«Los únicos que han sido un peligro para el interés general han sido los socialistas», dijo Velázquez a la bancada contraria, para a continuación defender la política farmacéutica y sanitaria impulsada por el Ejecutivo.