El tripartito de Mallorca vota de nuevo en contra de investigar los casos de menores tutelados explotados sexualmente
El PSOE, Unidas Podemos y MÉS rechazan la propuesta de la oposición, alegando que en su momento se creó una comisión de expertos y que en breve se pondrá en marcha una comisión política
El tripartito que gobierna en el Consell de Mallorca, bajo la presidencia de la socialista Catalina Cladera, ha votado este martes de nuevo en contra de que se cree una comisión de investigación sobre los menores tutelados explotados sexualmente. La institución insular ha celebrado este mediodía un pleno extraordinario con esa propuesta como único punto en el orden del día. Dicho pleno había sido solicitado en octubre de manera conjunta por los partidos de la oposición, el PP, Cs, el PI y Vox. Los cuatro grupos proponentes han votado a favor de la moción, pero los votos en contra del PSOE, Unidas Podemos y MÉS han impedido que esa proposición pudiera salir adelante.
Los portavoces de la oposición han reiterado en sus intervenciones algunos de los argumentos que ya habían expuesto en ocasiones anteriores, como por ejemplo que por parte del equipo de gobierno habría «oscurantismo» y «falta de transparencia» a la hora de intentar esclarecer las posibles responsabilidades políticas por los casos de explotación detectados. Por su parte, los portavoces del tripartito también han repetido algunas de las ideas que ya habían planteado antes, como que haría falta un «enfoque holístico» para afrontar la problemática de los abusos a menores o que la oposición sólo estaría interesada en desgastar al tripartito. En el mismo sentido se ha pronunciado el presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), el socialista Javier de Juan. El IMAS es, precisamente, el organismo que se encarga de velar por los menores tutelados. Por ese motivo, la propuesta presentada por la oposición pedía que se investigase «la actuación de los responsables del IMAS» en relación a los citados casos.
Cabe recordar que ya en febrero el PP, Cs, el PI y Vox habían propuesto crear una comisión de investigación. Esa opción fue rechazada entonces por el tripartito, que recientemente ha propuesto poner en marcha en el IMAS una comisión política para analizar los casos de abusos detectados . Esa alternativa no es aceptada por la oposición, que en su momento ya cuestionó la comisión de expertos que impulsaron en febrero el PSOE, Unidas Podemos y MÉS. Dicha comisión de expertos presentó el pasado 30 de septiembre su informe, en el que se indicaba que es necesario actuar de una forma más efectiva en la búsqueda de soluciones a la problemática de los abusos a menores.
Una de las principales recomendaciones recogidas en ese informe de la comisión de expertos era la propuesta de creación de un centro especializado para ayudar a menores víctimas de explotación sexual, una iniciativa sobre la que de alguna manera estaba ya trabajando el Consell de Mallorca . De hecho, ese centro especializado abrió ya sus puertas el pasado mes de octubre, según ha anunciado este martes el IMAS a través de un comunicado. En cualquier caso, en el pleno extraordinario celebrado este mediodía la oposición ha insistido en que la comisión de expertos y la anunciada comisión política serían dos herramientas insuficientes para aclarar lo sucedido con los menores tutelados explotados sexualmente, mientras que desde el equipo de gobierno han defendido que ambos instrumentos técnicos serían válidos para abordar la cuestión.
Antecedentes próximos
Cabe recordar que los primeros casos de abusos y de explotación sexual de menores tutelados en Mallorca habrían sido ya detectados en 2010, si bien no fue hasta el pasado mes de enero cuando la realidad de esa lacra salió por vez primera a la luz pública. Así, hace once meses trascendió en los medios el caso de una niña de 13 años que se escapó por unas horas de su centro de acogida en el día de Nochebuena de 2019 y que, esa misma noche, fue presuntamente violada en grupo por seis menores en un piso de la barriada palmesana de Es Camp Redó. En su denuncia ante la Policía Nacional, la víctima dejó entrever, además, la posible existencia de proxenetas de menores tuteladas. La niña hizo también referencia a la existencia hoy de adolescentes de centros de acogida que se estarían prostituyendo a cambio de drogas o de dinero.
Tras hacerse público el mencionado caso de la presunta violación grupal de una niña tutelada, en enero trascendió también la existencia de 16 casos recientes de explotación sexual infantil en Mallorca, 15 de ellos de niñas, según confirmó entonces el IMAS. Precisamente, sobre dicho organismo y sobre el tripartito que hoy gobierna en el Consell de Mallorca se vertieron entonces numerosas críticas por su posible inacción para detectar y hacer frente a los citados casos de explotación sexual de menores tutelados. Esas críticas fueron rechazadas por el PSOE, Unidas Podemos y MÉS.
Un hecho competencial a destacar sería que en Baleares, a diferencia de otras comunidades, la atención a los menores tutelados no depende directamente del Ejecutivo regional, sino esencialmente de los consells, que vendrían a ser como los «gobiernos» propios de cada isla. De ese modo, los consells gestionan los centros o pisos de acogida para menores tutelados, todos de régimen abierto, mientras que el Govern se ocupa únicamente de controlar los centros de reforma o internamiento, para jóvenes con antecedentes penales. En Mallorca existen 30 centros de acogida, que son gestionados por el Consell de Mallorca a través del IMAS. Hoy hay en total más de trescientos menores en esos centros. Además, existen tres centros de internamiento en la isla, que son controlados por el Govern a través de la Consejería de Asuntos Sociales.
Archivo de un caso
En este contexto, cabe recordar que el fiscal superior de Baleares, Bartomeu Barceló, anunció la pasada semana que había firmado ya el archivo de las diligencias abiertas por el Ministerio Público en enero de este año para investigar la posible existencia de una red de prostitución de menores organizada por personal del IMAS. «Se investigó exhaustivamente y no ha habido ninguna prueba de que existiera tal red, por eso se ha archivado el caso», explicó Barceló a ABC. La Fiscalía de Baleares abrió de oficio la citada investigación a raíz de las noticias aparecidas en diversos medios que informaban acerca de la presunta existencia de una trama organizada de explotación sexual de menores en centros de acogida de Mallorca.
En cualquier caso, el fiscal superior indicó que tanto en el seno del IMAS como fuera de ese organismo sí se han producido «hechos aislados» de prostitución de menores, que igualmente se han investigado. Varios de esos casos se han acabado archivando, mientras que algunos se encuentran aún en vía judicial y otros han sido finalmente ya juzgados y sentenciados. «Son casos puntuales de niñas menores de edad, que están en centros tutelados y que se han prostituido», aclaró Barceló. Más allá del ámbito del IMAS y de la Fiscalía, los casos de explotación sexual de menores también han sido objeto de análisis en el Parlamento regional en estos últimos meses. Así, desde la oposición se ha acusado a la presidenta del Govern, la socialista Francina Armengol, y a la consejera autonómica de Asuntos Sociales, Fina Santiago, de MÉS, de intentar «tapar» los casos detectados. Por su parte, Armengol y Santiago han rechazado siempre esas acusaciones.
Precisamente, Santiago ha comparecido este martes en la Cámara balear, a petición del PP, para informar sobre las actuaciones llevadas a cabo por parte del Govern desde que tuvo lugar el caso de la presunta violación grupal de una niña de 13 años en Palma. Santiago ha recordado que las competencias en materia de menores tutelados las tienen los consells, si bien ha recalcado que el Govern mantiene contactos de manera regular con dichas instituciones para tratar las problemáticas específicas de los menores. La consejera ha explicado que en los últimos diez meses esos contactos se han traducido en «19 reuniones técnicas diferenciadas en Ibiza, Menorca, Formentera y Mallorca, que han permitido monitorizar los protocolos». Por su parte, la diputada popular Marga Durán ha afirmado que «la consejera de Asuntos Sociales y el presidente del IMAS deberían haber dimitido hace tiempo por los casos de abusos a menores tuteladas».
