La Policía denuncia a cuatro empresas en Sevilla por intrusismo en el sector de la vigilancia privada

La Policía Nacional ha denunciado a cuatro empresas por intrusismo en el sector de la seguridad privada. Los agentes comprobaron que en todos los casos los servicios investigados eran realizados por personas sin ninguna habilitación para el desempeño de funciones que están reservadas por ley al personal de seguridad privada. Los trabajadores identificados ejercían sus labores en distintas obras en construcción de La Rinconada y Dos Hermanas. Su función era la de vigilar y proteger el material y la maquinaria que quedan en los tajos por las noches.

Estos trabajadores, explica la Policía en un comunicado, suelen arrancar su jornada laboral a partir del momento en que los obreros de la construcción abandonan la obra. En lugar de contar con vigilantes, las empresas investigadas tiran de personas sin experiencia y con unos salarios muy bajos, que pasan la noche en el tajo para prevenir robos y actos vandálicos . Como vestimenta, utilizan equipos de trabajo que en muchas ocasiones inducen a error, pues se cofunden fácilmente con empresas de seguridad o incluso con uniformes de cuerpos policiales.

Desde la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Policía Nacional, que lleva cerca de un centenar de propuestas de sanción como resultado de las investigaciones llevadas a cabo en los últimos años, detallan que estas empresas intrusas carecen de las preceptivas autorizaciones para operar en este sector. Mientras que el vigilante de seguridad tiene que superar unos cursos de formación y/o pasar un proceso selectivo y formar parte de una empresa de seguridad; los trabajadores de estas sociedades investigadas no están instruidos en seguridad, ni tienen conocimientos sobre esa materia, lo que supone una sobreexposición frente a una agresión o un acto delictivo.

La contratación de empresas no autorizadas por el Ministerio del Interior y, por tanto, no inscritas en el Registro Nacional de Seguridad Privada para la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos tanto públicos como privados, «supone una infracción normativa, constituyéndose en sujetos activos de esa infracción tanto el trabajador que desempeña la actividad intrusa, como la empresa de servicios a la que pertenece el trabajador y el usuario que contrata a la empresa de servicios».

La recomendación que se hace a toda persona, física o jurídica, que pretenda contratar algún servicio de vigilancia para sus instalaciones, negocios o propiedades es que se asegure de que está contratando a una empresa de seguridad, autorizada por el Ministerio del Interior para este tipo de actividades e inscrita en el Registro Nacional de Seguridad Privada. A los infractores se les puede aplicar sanciones que pueden llegar a los 600.000 euros .