Coronavirus Sevilla
El fiscal no ve delito «por ahora» en la gestión de las residencias, donde han fallecido 148 personas
Como dato esperanzador, el número de infectados entre los residentes ha bajado a 68 frente a 286 de hace diez días
La pérdida de vidas en las residencias de personas mayores de Sevilla a consecuencia del coronavirus , que tan duramente está castigando a los ancianos, sigue aumentando, situándose ya en torno a los 150 casos.
Según los datos recopilados por la Fiscalía de Sevilla hasta el mediodía de ayer, en los centros de mayores de la capital y la provincia han fallecido a causa del Covid-19 un total de 148 personas , dieciséis más que hace diez días.
Sin embargo, dentro de los muchos datos que maneja a diario el fiscal Norberto Sotomayor, encargado de recopilar toda la información sobre la gestión de esta crisis sanitaria en los más de 170 centros de mayores de Sevilla , existen algunos para la esperanza, como es el número de infectados por Covid entre la población residente.
Actualmente son en torno a 8.800 las personas mayores que residen en estos centros en Sevilla, después de que muchos hayan vueltos a sus plazas tras pasar una temporada, coincidiendo con la etapa más grave de la crisis sanitarias, con sus familias.
Bajan un 75% por ciento los infectados
De este número total de residentes, la Fiscalía tiene registrado 68 casos positivos por coronavirus. Hace diez días eran 286. Estos números evidencian una reducción de enfermos por encima del 75 por ciento. En semanas anteriores se alcanzó un pico de más de 330 infectados.
Con respecto a los profesionales sociosanitarios que desarrollan su labor en estos centros de mayores y que, al igual que la población residente, han sometido a las pruebas oportunas para conocer si están o no afectados por el virus, la Fiscalía ha detallado a este periódico que el número de infectados ha bajado de 205 a 118 en algo más de una semana. Llegó a haber casi 350 casos entre los trabajadores.
Sotomayor lleva desde que empezó la crisis sanitaria realizando una ardua y larga tarea de recopilación de datos e información de la situación en estos centros. Lo hace en contacto directo con los gestores de las residencias. Ya tiene una radiografía casi completa de la situación en la provincia y la capital, aunque aún le faltan un par de ellas.
Pero su actuación no termina en apilar cifras para analizar qué ha sucedido de puertas adentro en las residencias, sino que jornada a jornada está ofreciendo una labor de intermediación a dichos centros, cuyos responsables lo tienen disponible para solicitar a la administración competente, en este caso la Junta de Andalucía, cuantas cosas necesiten, ya sean mascarillas, gel, etc. « Nuestra labor es de la protección a las personas mayores y con discapacidad », asegura el fiscal en declaraciones a este periódico.
Esta misma semana, la Fiscalía General del Estado informaba de que en Sevilla existían 16 diligencias informativas generales abiertas por la situación vivida en las residencias con el coronavirus. Si bien, Norberto Sotomayor aclara a este periódico que actualmente hay una causa principal y 17 piezas separadas.
De éstas, hay una por cada centro donde se han registrado muertes, que son 16 en total en Sevilla; y una última pieza específica para la situación en los centros de personas con discapacidad, en los que por el momento no hay que lamentar fallecidos por el coronavirus.
Más muertes en la residencia de San Juan
Sigue siendo la residencia Joaquín Rosillo de San Juan de Aznalfarache la que más fallecimientos acumula entre sus residentes con 32. Seis menos tienen la residencia Fundomar Bermejales y la DomusVI en Santa Justa .
El fiscal hace hincapié en precisar que estas diligencias son de carácter informativas y que su propósito es el de recabar toda los datos posibles para analizar la situación de dichos centros. « Ni en Andalucía ni en Sevilla hay diligencias penales », insiste, mientras en España se han abierto 143 causas penales.
« En nuestras residencias por ahora no hemos detectado delito », asegura Sotomayor cuando se refiere a la actuación de los responsables de los centros. Algo, por cierto, que viene defendiendo este fiscal desde hace semanas.
Otra cuestión bien distinta son las posibles infracciones administrativa s que tendrá que dirimirlas, de haberlas, la Administración competente para ello no los tribunales. ,
«No vemos actuaciones de transcendencia penal», reitera el representante del Ministerio Público, aunque matiza que aún se está en la fase preliminar de la investigación y que nada está cerrado.
Sotomayor sigue trabajando para las consecuencias de esta crisis entre la población mayor sevillana que vive en las residencias sea las menos graves posibles, pero sin cesar en la recopilación de información. De hecho, ha solicitado a las administraciones que le informen de cuándo y cómo trasladaron a los centros de mayores la orden de clausurarlos.
Norberto Sotomayor lleva muchos años, junto a otros compañeros de la Oficina Fiscal de todo el territorio nacional, luchando para que las personas mayores y las personas con discapacidad , colectivos especialmente vulnerables, tenga su importancia dentro de la Fiscalía y cuenten con un fiscal de Sala especializado. Algo que está más cerca de que sea una realidad.
Y es que Sotomayor también está investigando la situación vivida por los centros de personas con discapacidad en Sevilla por el coronavirus. En este ámbito aún le faltan datos de bastantes centros, pero de una población de más 800 personas, actualmente hay 67 casos positivos o con sospechas de Covid-19, mientras entre los trabajadores hay 20 infectados o con síntomas. Por suerte y por ahora no hay que lamentar fallecimientos.
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