La Policía Local requisa 50.000 mascarillas en un restaurante chino de Sevilla

La Policía Local de Sevilla ha requisado 50.000 mascarillas en un restaurante chino de Sevilla, situado en el Polígon Carretera Amarilla. Según informa la cuenta de Emergencias Sevilla en redes sociales, no cumplían con los requisitos mínimos para ser usadas con garantías sanitarias. Esa mercancía forma parte de un lote de 85.000 unidades que se recibieron desde distintos puntos del extranjero. Unas 35.000 han podido ser ya distribuidas.

La actuación la ha realizado el equipo policial que se dedica a combatir la comercialización de productos falsificados . Las mascarillas fueron adquiridas en el mercado negro. Según detalla la Policía Local, además de las mascarillas, los agentes requisaron materiales para fabricar 1.000 cajas de cartón para distribuir los protectores faciales. Un hombre de 45 años ha sido denunciado ante la autoridad judicial.

La incautación se enmarca en las actuaciones que realiza la Policía Local contra el tráfico de este tipo de material ya sea sin cumplir garantías sanitarias o bien eludiendo los controles de impuestos para introducirlo en España. En la tarde del pasado domingo, los agentes detectaron una nave en el citado polígono donde varias personas introducían cajas en el interior de una furgoneta. Según parece, señala el comunicado oficial, el propietario de la furgoneta había comprado 5.000 mascarillas a un precio de 25 centímos la unidad.

La mayoría de los paquetes de mascarillas carecían de etiquetado preceptivo exigido a las que se dispensan en las farmacias. Las que si tenían etiquetas, mostraban fecha de fabricación de 2016, y con posibles imitaciones de logotipos oficiales. Las mascarillas han quedado intervenidas y depositadas en almacenes policiales a disposición judicial .

«La Policía Local va a seguir con esta tarea de inspección exhaustiva para detectar cualquier irregularidad, así como para localizar puntos de venta irregular de este tipo de mercancía que, al no cumplir con los requisitos sanitarios, pueden poner en riesgo la salud de la ciudadanía y vulnerar los derechos como consumidores», ha destacado el delegado de Gobernación, Juan Carlos Cabrera.