Casi cinco años de cárcel para el exdelegado de Dragados en Andalucía por engañar a la empresa

Jesús Díaz

18/05/2020
Actualizado 19/05/2020 a las 08:40h.

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«Guiado por el ánimo de obtener un ilícito enriquecimiento , aprovechando su condición de delegado en Andalucía Occidental de Dragados , ideó y puso en marcha una mecánica consistente en fingir la realización de unas obras inexistentes para engañar a la empresa con la finalidad de enriquecerse ». Estas palabras hacen referencia a la actuación de J.M.B.B., quien fuera un alto cargo de la constructora en Andalucía durante ocho años y que ha sido condenado por la Audiencia de Sevilla a casi cinco años de cárcel por estafar a la que era su empresa para apropiarse de dinero.

J.M.B.B. fue juzgado, junto a dos jefes de obra de la constructora y a dos subcontratistas , durante septiembre y octubre de 2019. La Sección Tercera de la Audiencia ha impuesto cuatro años y nueve meses de cárcel al que fuera delegado en Andalucía Occidental por un delito continuado de falsedad en concurso medial con un delito continuado de estafa agravada . Deberá indemnizar a la compañía en 453.581 euros. La Fiscalía y Dragados, representada por el letrado sevillano Miguel Delgado, solicitaron cinco años de cárcel.

Los otros cuatros también han sido condenados aunque con penas más livianas y que van desde un año de cárcel para uno de los jefes de obras como cooperador necesario para la comisión de los hechos; ocho meses para el otro encargado de Dragados; o los cuatro meses de prisión para los dos subcontratistas por ser cómplices .

En la sentencia, de más de cien folios y con abundante jurisprudencia, el magistrado Francisco de Asís Molina expone, como hechos probados, que el principal acusado, aprovechó «las importantes facultades de decisión y gestión que le otorgaba » el cargo que ostentó desde 2001 hasta 2009 para, con el propósito de enriquecerse a costa de la empresa, idear y poner en marcha un plan orientado a provocar que Dragados hiciera importantes desembolsos de dinero por obras que, en verdad, no se realizaban o que, si se hacían, eran en beneficio, como las obras hechas en un chalé propio.

Una de las formas de proceder habitual fue simular la realización de ampliaciones de obra sobre adjudicaciones previas de Dragados con terceras entidades, de manera que, estando ya finalizada e íntegramente ejecutada una concreta obra, se ponía en marcha una contratación adicional ficticia sobre cualquier base que pudiera justificarla, como podía ser la existencia de deficiencias necesitadas de urgente reparación. Así, lo hicieron en el Parlamento de Andalucía o en el hipódromo de Dos Hermanas .

En otras ocasiones, se compraban a nombre y por cuenta de Dragados suministros que se aparentaban como destinados a una obra de la empresa y, sin embargo, eran desviados hacia su chalé o a usos distintos de los originales.

El sistema interno de multinacional española para el pago de las distintas facturas a terceros, proveedores y subcontratistas exigía que el acusado debiera meter en el sistema informático de la empresa contratos, albaranes y facturas «ficticias» como documentación instrumental.

Para darle falsa apariencia de legalidad a toda esa documentación necesitó la colaboración de los dos jefes de obras también condenados, quienes apuntaron en el juicio que J.M.B.B. fue el único organizador de esta estafa, algo que corroboraron los testigos, lo que desmontaba la teoría del principal encausado de que todo ha sido « una trama orquestada desde altas instancias» de la empresa, una «confabulación». Para el tribunal, su línea de defensa era inverosímil y huérfana.

Además, la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, expone que para superar los filtros también contó con la ayuda de dos subconstratistas, también condenados por la Audiencia.

Dragados fue adjudicataria de las obras de rehabilitación del Hospital de las Cinco Llagas , sede del Parlamento andaluz. Los trabajos terminaron en 2004. Pero el acusado decidió simular la necesidad de reparaciones urgentes. Para ello, en mayo de 2008, dejó una nota manuscrita dirigida a uno de los jefes de obra haciendo constar que había recibido una queja de filtraciones en el sótano para que se procediera a su reparación.

Los desperfectos ficticios que aparentaban estas comunicaciones justificaron que el 7 de agosto de ese año se firmara el contrato de obra entre Dragados y una de las subcontratas. Después, firmaron tres modificaciones a dicho contrato. El último en febrero de 2009. También hubo facturas falsas aquí.

Por todos esos trabajos en el Parlamento, en verdad inexistentes, Dragados pagó a una subcontrata 220.889 euros y a la otra 54.362 euros . Aunque los subcontratistas, según el tribunal, «no tuvieron intención de ocultar a la constructora su conducta ni fueron conscientes de que pudieran causarle perjuicio económico».

En el hipódromo de Dos Hermanas , los acusados llevaron a cabo el mismo «modus operandi». Esta vez en el baño de las instalaciones. Esta vez el dinero abonadó por la constructora en noviembre de 2009 fue de 147.138 euros.

Al chalé de una sociedad de la mujer de J.M.B.B. en Roche , en Conil de la Frontera, llegaron materiales que inicialmente iban destinados a la construcción de una urbanización en San Roque. La esposa del acusado no conocía los planes del acusado . Éstas son algunas de las maniobras del exdelegado de Dragados para engañar a la empresa para la que trabaja en Andalucía.

Los dos jefes de obras y los dos subcontratistas acusados, desde las primeras investigaciones que llevó a cabo Dragados a través de una auditoría interna en Andalucía , colaboraron para esclarecer los hechos que finalmente denunció la empresa ante un juzgado de Sevilla, manteniendo esa postura durante todo el proceso al haber admitido la realidad de los hechos.

No ha sido igual la postura del principal acusado. De hecho, en la sentencia se indica que t uvo que ser detenido dos veces por negarse a acudir al juzgado a declarar y por no hacer caso a los requerimientos y notificaciones del órgano judicial para la práctica de pruebas. Su primera versión la ha ofrecido en el juicio, ya que antes se negó a declarar. No ha promovido pruebas para apoyar su teoría de «todos contra mí».

La Audiencia, además, explica que los retrasos en la tramitación e investigación de la causa son imputables a la imposibilidad de localizar a J.M.B.B. por parte del juzgado.

Para el tribunal, Dragados sufrió un perjuicio por el plan puesto en escena para provocar que, «presa del engaño», la empresa abonara importantes cantidades de dinero reflejadas en facturas que no respondían a obra alguna , ni al suministro real por ella contratado, pero a las que se había dotado de una falsa apariencia de legitimidad con las firmas del jefe de obra y del delegado, que eran necesarias.

J.M.B.B. intentó durante el juicio presentar como habitual en Dragados la realización a cargo de la empresa de obras de favor o atenciones a clientes y empleados que se hacían con el conocimeinto de la Dirección General y presentó numerosa prueba que evidenciaba que durante estuvo en el cargo esto fue una práctica habitual. Si bien, el tribunal asegura que no existe la más mínima prueba de que esa fuera una práctica anterior a la llegada del acusado a la Delegación de Andalucía, que él implantó, ni de que fueran prácticas consentidas por los órganos gestores de Dragados.

«Como cualquier empresa, Dragados, a través de sus órganos rectores y, en su caso, dando cuenta a sus accionistas, es libre para decidir legítimamenteregalar obras o servicios con vistas a consolidar o a ampliar su mercado. Sin embargo, el acusado carecía de facultades para decidir unilateralmente, a espaldas de los órganos de administración, la realización de actos de disposición del patrimonio de la empresa y, de otro lado, no solo no acredita que los órganos rectores -Dirección General- conocieran o consintieran esas obras o favores, sino que todo el plan urdido con descarado aprovechamiento de la confianza en él depositada, como más alto cargo en Andalucía Occidental, estuvo orientado, precisamente, a engañar a la empresa ocultando su ilícita conducta», concluye el tribunal.

Por último y a la hora de analizar la pena a imponer por el tribunal al principal acusado, la Audiencia expone que éste no merece una pena mínima porque la gravedad de los hechos no sólo resulta de la importante cuantía de la defraudación sino del elevado número de documentos mercantiles con falsedades subyacentes que puso en circulación; de su absoluto protagonismo al orientar y dirigir la actuación de los otros acusados para engañar y defraudar a su empresa prevaliéndose de la confianza que habían depositado en él al asignarle tan alto cargo como el que desempeñaba; de su actitud pertinaz al negar los hechos con insolencia y desprecio de tan importantes evidencias; y, sobre todo, del absoluto agravio que su postura ha representado para los restantes acusados, a los que ha intentado culpar en exclusiva.

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