Sucesos cádiz
Las 'trampas' en los centros de revisión médica en Cádiz: «¡Disparaba los plomos a ciegas!»
La Guardia Civil detecta graves irregularidades en centros de hasta once municipios de la provincia, donde llegaron a dar como aptos sin restricciones para disparar o conducir a personas sordas o con visión monocular o ancianos que tenían que estar acompañados
Cuando los agentes de Intervención de Armas de la Guardia Civil de Cádiz acudieron a realizar una inspección a un campo de tiro al tener ya sospechas de lo que estaba ocurriendo se encontraron con un hombre al que le pidieron los permisos. Sin embargo lo tuvieron que hacer varias veces porque esta persona no escuchaba. No les oía. Era sordo. Pero a pesar de este serio inconveniente tenía perfectamente cumplimentada su acreditación. Y en ella no se señalaba ninguna restricción sobre su deficiencia de audición.
Y no fue el único caso. Hubo muchos más. Como un vigilante privado, también con sus permisos aparentemente en regla, pero al que le faltaba un ojo. Tenía visión monocular por lo que no cumplía con un importante requisito exigido para la habilitación de vigilante que estaba desempeñando. «Cuando preguntamos en el centro donde le habían dado la expedición nos dijeron que es que ya lo conocían, que era buen chaval...».
También se les dio el caso de un señor de más de 80 años. En su evaluación psíquica se añadía que tenía que estar acompañado de otra persona, sin embargo dicha condición no le había impedido obtener su licencia de armas ya que se le había considerado apto. «Disparaba los plomos a ciegas».
Todo ello lo cuenta el teniente que ha llevado la 'operación Medici'. Esta investigación desarrollada por la Guardia Civil de Cádiz que ha destapado decenas de supuestas irregularidades en centros de reconocimiento médico de la provincia de Cádiz sobre los permisos necesarios para conducir, licencias de armas, habilitaciones para vigilantes de seguridad, titulaciones náuticas o licencia de perros potencialmente peligrosos.
Y así, u en otros casos de no haber pasado ni siquiera revisión, obtuvieron sus permisos decenas de personas que no cumplían con los requisitos pero a los que se les dio y selló sin problemas. Así lo sospecha la Guardia Civil que ha desarrollado durante meses esta operación y mantiene como investigadas a 17 personas. Entre ellos se encuentran directores, facultativos médicos y psicólogos pertenecientes a estos centros. Se les imputa los delitos de falsedad documental y estafa. Y a varios de ellos, se les suma el delito de intrusismo profesional.
En esta supuesta trama se han visto involucrados muchos centros ubicados en hasta once localidades de la provincia: Medina Sidonia, Cádiz, Sanlúcar, Conil, Guadalcacín, Rota, El Puerto, Villamartín, Puerto Real, Barbate y la Barca de la Florida. Los agentes constataron que el cien por cien de estos centros inspeccionados habían cometido «alguna negligencia en la emisión de numerosos informes».
Firmas falsas e imitadas
Las pesquisas comenzaron el pasado año. Los agentes de Intervención en sus trámites habituales empezaron a detectar algunos detalles que levantaron sus sospechas. «Veíamos informes firmados por cualquiera, porque esas firmas eran de la misma persona pero cada vez era una rúbrica distinta o se veía claramente que estaba imitada». «No estábamos ante simples irregularidades sino patentes legales».
Así, en las primeras investigaciones realizaron un estudio minucioso de cientos de informes entregados a esta Unidad de Intervención de Armas y Explosivos necesarios para la tramitación y entonces empezaron a saltar las anomalías.
Y así los agentes se fueron desplazando a los centros sospechosos y otras localizaciones para realizar estas inspecciones. Entonces fueron destapando como en algunos de estos casos se habían realizado informes de aptitud sin que se hubieran practicado los correspondientes reconocimientos por parte de un facultativo colegiado en psicología y medicina. En otros casos algunos de los investigados habían ejercido actos propios de una profesión sin disponer del título habilitante y en otros, los facultativos podrían haber dado su conformidad a supuestos exámenes sin haberlos realizado, ni siquiera, personalmente.
En este último caso se vio como había personas que entraban y salían al poco de dichos centros con sus licencias rubricadas correspondientes pero sin embargo en el interior no estaba en ese momento el facultativo. Es decir, llegaban a dejar permisos firmados sin hacerles la revisión. Además algunos de los 'beneficiados' llegaron a declarar abiertamente que no se les había hecho ninguna prueba y que únicamente habían sido parcialmente examinados.
Como advierte la Guardia Civil, este tipo de prácticas podría dar lugar a una competencia desleal en cuanto a la facilidad de obtener los informes correspondientes sin limitaciones sobre otros centros que, actúan de forma legal y tienen que aumentar el coste económico al cumplir rigurosamente con el personal obligatorio y proceso a seguir.
Además, se trata de hechos «de extrema gravedad», ya que se trata de delitos que pueden generar consecuencias irreversibles, en atención al potencial peligro de un arma de fuego, una embarcación o un vehículo, ya que su manejo, careciendo de las condiciones psicofísicas adecuadas, puede convertirlos en un arma mortal.
Los investigados se enfrentan a la suspensión de sus centros, sanciones administrativas y, penalmente, a posibles inhabilitaciones o incluso penas de prisión.
