Malestar con la prohibición de la quema de rastrojos: «Es un peligro tener los restos acumulados»

La normativa de abril establece que «con carácter general, no está permitida la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola. Únicamente podrá permitirse la quema de estos residuos con carácter excepcional, y siempre y cuando cuenten con la correspondiente autorización individualizada que permita dicha quema, por razones de carácter fitosanitario que no sea posible abordar con otro tipo de tratamiento».

Tras el revuelo producido entre los agricultores, que veían que los restos se les acumulaban en sus campos con el pertinente riesgo que se genera, hizo que distintos grupos políticos plantearan al Parlamento la eliminación de la prohibición, en primera instancia durante el verano. Y de forma definitiva, en octubre, derogando el apartado 3 del artículo 27 que establecía la prohibición.

Pero hace un par de semanas, el Senado, por mediación del grupo socialista y Esquerra Republicana de Catalunya, dio nuevamente la vuelta a la tortilla y la quema vuelve a estar prohibida y solo se podrá llevar a cabo previa autorización de las administraciones pertinentes cuando no sea posible evitar de otra manera la propagación de plagas o por dificultad de acceso a determinadas zonas. El problema es que se limita la expedición de esos nuevos permisos.

Fuentes socialistas del Senado exponen que permitir la quema de los residuos únicamente cuando se disponga de la autorización de la administración competente evitará la quema incontrolada y atajará situaciones peligrosas que suelen producir incendios forestales.

Ahora la situación vuelve al Congreso de los Diputados para ratificar las enmiendas realizadas en el Senado a una ley que fue impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Da la sensación de que al respecto hay opiniones contrarias incluso en el seno del Gobierno, ya que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, fue una de las voces que se abrió a realizar modificaciones a la ley pocos días antes de la derogación del apartado en cuestión que ahora ha sido enmendado.

La modificación actual establece que hay que solicitar el permiso a la autoridad autonómica competente por una razón fitosanitaria determinada, lo que, alertan desde algunas organizaciones agrarias, puede ocasionar un aumento del tiempo de espera burocrático para poder dar salida a los restos.

Andrés Barquero, agricultor de Alcalá del Valle, reconoce no saber demasiado acerca de la nueva norma ni si está vigente, por los vaivenes legislativos, pero sí el malestar existente respecto a esta cuestión: «Claro que lo hay porque no puedes llevar a cabo las labores que solías hacer anteriormente en las parcelas con la limpia y la quema de los restos del olivo, porque es un peligro tenerlo todo acumulado».

«Está la alternativa de moler los restos, que es lo que hemos hecho nosotros, pero eso conlleva otro gasto más». Otra opción es llevar ese material orgánico a un punto limpio, pero es más costoso: «Es más caro y muchos pueblos no disponen de un punto limpio que pueda acoger tal cantidad de forraje que se genera en el campo».

Ese factor económico es uno de los que más irrita a quienes tienen su actividad en el campo, porque implica que salvo en contadas excepciones en las que puedan llevar a cabo quemas, tengan que costear de su bolsillo otras opciones.

Y ello se une a la situación del encarecimiento de precios de la energía, que ya ha tensionado mucho el sector y que ha llevado a decenas de agricultores a protestar frente a las puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

José Antonio González, director del Centro Operativo Provincial del Infoca, explicaba el pasado mes, durante la presentación del informe del comité asesor del Plan Infoca en Cádiz, que la ley impedía autorizar nuevos permisos para la quema en caso de que existiese una alternativa para transportar los restos hasta un punto limpio. «Cientos de personas están preguntándonos sobre este asunto».

Ante la incertidumbre de la situación, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha solicitado una moratoria de dos años en la aplicación de esta ley y estiman que las consecuencias derivadas son fruto de elaborar normas sin conocer en profundidad la materia.

«Se legisla sobre el campo sin consultar previamente a los afectados y eso genera problemas y distorsiones que no se ven desde un despacho», afirmó al respecto Miguel Padilla, secretario general de COAG. Y además cuestionaba el fondo mismo de la norma: «¿Qué es más sostenible desde el punto de vista medioambiental: la trituración y el posterior transporte o la quema a pie de campo y la incorporación de las cenizas al suelo como nutriente?».

Una opinión que comparte Pedro Gallardo, presidente en Cádiz de ASAJA: «Una decisión así no la puede tomar ningún partido político sin hablar con los agricultores, que somos los que estamos cuidando el medio ambiente y minimizando los futuros incendios porque limpiamos el monte con la ganadería y captamos el C02».

«Somos los actores en el centro del debate y a nosotros no se han dirigido a la hora de tomar esta decisión tan drástica que lo único que puede traer, y lo decimos claramente, son futuros incendios en nuestro monte», afirma.

Generar biomasa o trasladar los restos a un punto limpio es una opción que no ven mal, pero siempre y cuando no suponga un gasto más en el campo: «Lo que no puede ser es que el coste de estas acciones lo asuma uno mismo». En cualquier caso, abogan por la libertad de elección: «El que quiera seguir quemando, que lo pueda seguir haciendo. El fuego se apaga en invierno y es ahí cuando hay que permitir los programas de poda, de quema selectiva, que llevamos generaciones y generaciones haciéndolo en otoño, invierno e inicio de primavera y no hay riesgo ninguno. Lo que no puede ser es limitar, limitar y limitar y no escuchar al sector».

Óscar Curtido, delegado de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta en Cádiz, cree que es necesario dar una vuelta a la nueva norma: «Esta prohibición de quemar residuos agrícolas no es beneficiosa para prácticamente nadie. Entiendo que hay que tener un control, pero de esta manera se ha disparado el malestar en el mundo rural porque se está generando un polvorín».

«Se están viendo perjudicados pequeños y medianos agricultores que no pueden proceder tal y como lo venían haciendo, incluso en lugares donde hay poco peligro, porque solo se autoriza la quema por imposibilidad de acceso o porque haya plagas por motivos fitosanitarios», expone el delegado.

La ley, de ámbito estatal, limita la acción de las comunidades autónomas, pero pese a ello, desde la dirección general de Política Forestal y Biodiversidad se han sacado unas instrucciones con las que se pretende regular en favor de los interesados: «Sin operar al margen de la ley, tenemos que darles una certeza a los agricultores. Estamos intentando flexibilizar al máximo para ser aliados de los agricultores y no quienes les generen un problema».

«La solución no es prohibir. Si se hace con la intención de evitar incendios forestales, hay que tener en cuenta que muchos agricultores tienen acumulada una gran cantidad de poda y es algo que al final es combustible y hay que darle un tratamiento adecuado para que se puedan deshacer de ello sin asumir unos costes muy elevados», concluye Curtido.