LABORAL
La hostelería gaditana huye de polémicas y acudirá otra vez a las Ongs para contratar camareros
El convenio de la pasada primavera seguirá en vigor y serán estas organizaciones las encargadas de canalizar las ofertas para la temporada alta
La hostelería gaditana no quiere polémicas. El pasado año se mostró a favor de contratar camareros procedentes de las escuelas de hostelería de Marruecos, pero la sola insinuación de una iniciativa de estas características provocó la apertura de la caja de los truenos. El presidente de Horeca, Antonio de María, fue objeto de críticas por esta medida ante la imposibilidad de cubrir y reforzar plantillas de cara al verano. Las aguas volvieron a su cauce cuando se descartó esta opción y se logró un acuerdo con cuatro Ongs de la provincia para canalizar las ofertas de empleo.
Los empresarios insisten en que falta personal y muchos de los que están apuntados en el Servicio Andaluz de Empleo (SAS) como demandantes de empleo del sector de la hostelería están ilocalizables cuando llega la temporada alta. Antonio de María ha destacado que en 2024 no habrá lugar a la polémica. De hecho, la patronal seguirá con el acuerdo suscrito el año pasado con las cinco Ongs de la provincia para buscar camareros, cocineros y ayudantes de cocina. Igualmente, algunos empresarios han mostrado su intención de acudir al SAS, como es habitual, para reclutar plantilla y arrancar con un pequeño refuerzo en Carnaval y Semana Santa para aumentar en verano.
De María destaca que el sector en Cádiz necesita mano de obra y la mejor prueba de ello son los 2.500 trabajadores de más que encontraron hueco en la hostelería gaditana el pasado agosto.
Los dueños de bares y restaurantes optan por 'pescar' trabajadores en las fuentes locales de empleo
«Lo que necesitamos son trabajadores jóvenes. No hablamos de profesionales, es más bien ayudantes de cocina y de mesas para poder descargar a los más veteranos con gente con menos experiencia», resume Antonio de María, portavoz de los hosteleros gaditanos, quien destaca la capacidad de las empresas para adaptarse a la falta de personal tras lo ocurrido el año pasado, cuando algunos establecimientos ni siquiera pudieron contratar refuerzos. Los datos del mes de julio mostraron una cifra récord de contratación en Cádiz, con más de 61.000 empleados por el sector. La patronal confía que 2024 siga con la misma tendencia.
Gran parte de los contratados el pasado verano fueron pinches de cocina, un empleo donde el manejo del idioma es secundario. Algunos, además, completaron cursos de formación para facilitar su inserción laboral en España en establecimientos como El Árbol Tapas, en Chiclana.
El sector de la hostelería gaditana tienen una nómina de parados, según el SAE, del 89.614 personas, un dato que se reduce a partir de junio. De hecho, la economía gaditana depende directamente de este sector, ya que es el que más mano de obra aporta, por encima de la Industria, la Construcción y la Agricultura. De hecho, el pasado diciembre, el paro se redujo en Cádiz en- 3.042 personas (-2,7%) con respecto a noviembre. Los servicios y la hostelería sacaron del paro a 2.893 personas en el último mes de 2023.
Protección del empleo
La patronal gaditana apela a un mayor control de quienes rechacen una oferta de empleo. En un esfuerzo por fomentar la protección del empleo y garantizar que aquellos que se benefician de la prestación por desempleo cumplan con sus obligaciones, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha reforzado las medidas disciplinarias para aquellos desempleados que rechacen ofertas de trabajo sin una causa justificada. Estas medidas, que han entrado en vigor recientemente, buscan incentivar una búsqueda activa de empleo y asegurar que las oportunidades laborales sean aprovechadas de manera adecuada.
Los empresarios de la provincia exigen al Ministerio más inspecciones para quienes rechacen una oferta
La prestación por desempleo, un derecho adquirido por los trabajadores por cuenta ajena, tiene como objetivo proteger a aquellos que se encuentran sin empleo o que han experimentado una reducción significativa en sus horas de trabajo. Sin embargo, esta ayuda económica no es un cheque en blanco, sino una asistencia condicionada a ciertas responsabilidades y compromisos.
Entre los requisitos para acceder a la prestación, se encuentra la obligación de buscar activamente un trabajo acorde con el perfil profesional del solicitante. Además, se espera que los beneficiarios participen en acciones de formación, inserción u orientación laboral que puedan aumentar sus posibilidades de reintegrarse en el mercado laboral de manera exitosa.
Es en este contexto que rechazar una oferta de trabajo sin una justificación válida se considera una falta grave. Según la normativa vigente, aquellos desempleados que rechacen una oferta laboral por primera vez se enfrentarán a la pérdida de su prestación por desempleo durante un período de tres meses. Esta sanción tiene como objetivo recordar a los beneficiarios la importancia de considerar seriamente cada oportunidad de empleo y evitar una actitud pasiva en su búsqueda.
Cuatro ONGs de la provincia de Cádiz mantuvieron contacto con la patronal Horeca la pasada primavera para colocar en bares, restaurantes y hoteles a 190 jóvenes desempleados de entre 18 y 25 años. Fue un éxito.
Estas organizaciones se encargaron de tutelar a los nuevos empleados. El convenio de colaboración lo firmaron la Asociación de Familias Solidarias para el Desarrollo (Chiclana), la Fundación Pro-libertas (Algeciras), la Asociación Alendoy (Cádiz) y la Asociación Arrabal (Chiclana). El objetivo del acuerdo fue reforzar las plantillas de camareros en Cádiz en los momentos de mayor carga de trabajo. Así, Juan Molina, responsable de la Asociación de Familias Solidarias y uno de los promotores de esta iniciativa laboral destacó entonces que se trataba de facilitar la inserción laboral de jóvenes de distintas nacionalidades que están parados. Molina destacó que la asociación que representa ya tiene experiencia en este tipo de actuaciones, ya que se basa en el apoyo y en facilitar la emancipación de los más jóvenes. Entre los colectivos con los que trabaja esta asociación se encuentran inmigrantes y también los extutelados, es decir, jóvenes que adquieren la mayoría de edad y ya no están bajo el amparo de las administraciones públicas.
El acuerdo que seguirá en vigor a lo largo de 2024 tiene un reparto de responsabilidades entre ambas partes. Así, las ONGs se comprometen a a realizar una selección previa del personal y también a su formación. Además, en el convenio queda regulado un seguimiento personal de los jóvenes en el nuevo centro de trabajo. De hecho, Molina ha señalado al respecto que estas organizaciones han enviado a la recolección de la fresa en Huelva a jóvenes con todos sus papeles y el alojamiento y allí se han llevado a cabo inspecciones de las condiciones laborales.
Contratos
En cuanto al tipo de contrato, Molina señaló en su día que se sería temporal, de unos cinco meses, o formativo. En cuanto al salario será el que marca el convenio. Seis días a la semana y jornadas de ocho horas. Uno de los temas más complicados fue el alojamiento. No sería gratis, pero sí se pide a la patronal que facilite este alojamiento en la zona donde se vaya a residir. El alquiler de la vivienda correrá por cuenta del joven. Esta condición fue uno de los obstáculos para varias empresas, ya que no tenían posibilidad de garantizar ese alojamiento.
El Árbol Tapas, en la playa de La Barrosa, fue el mayor ejemplo de contratación a través de esta nueva iniciativa. Este restaurante de Chiclana contrató a a cinco jóvenes marroquíes llegados a través de la Asociación de Familias Solidarias. El papel fundamental en la cocina era de pinches. El dueño del local es José Luis García y es la segunda generación de una familia dedicada a la hostelería de toda la vida. Abrió el establecimiento en 2019 entre la primera y la segunda pista de La Barrosa.
La Asociación Familias Solidarias se encargó de aportar el contingente necesario para cubrir plantillas, mientras que la Fundación Pro-libertas asumió la formación específica. Las otras dos ONGs, Alendoy y Arrabal, tuvieron el cometido de facilitar la inserción laboral. Molina aclara que estos jóvenes que han iniciado su primera experiencia laboral en el mercado gaditano están inscritos como desempleados en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
