El exalcalde de Espartinas culpa en el juzgado a los técnicos de las contrataciones irregulares

José María Fernández, exalcalde de Espartinas de Ciudadanos, declaró este lunes en el Juzgado 3 de Sanlúcar la Mayor que los errores que el Ayuntamiento cometió en la contratación de personas en riesgo de exclusión son achacables a los técnicos municipales porque no hicieron la baremación conforme a un decreto de la Junta. Fernández, que ya dimitió como alcalde y que renunciará este jueves a su acta de concejal tras su imputación por presunta prevaricación, negó cualquier responsabilidad de los hechos ante este Juzgado, que ha abierto diligencias a raíz de una denuncia de los concejales del Partido Popular. José María Fernández, no obstante, dice en su declaración que la actuación de los técnicos se debió «a una mala interpretación», entendiendo que «no ha habido mala fe por su parte porque lo hicieron como se había anteriores, en el año 2014».

El exregidor asegura que el procedimiento para la contratación de personas en riesgo de exclusión social se inició el 17 de agosto de 2015. En su declaración judicial, señala que en agosto se reunió con los técnicos sin que en ningún momento les dijeran que «no había tiempo para realizar la baremación». Con posterioridad, afima que los técnicos le admitieron que no se había dado trámite para subsanar cualquier error, por lo que él solicitó al secretario municipal un informe. Asimismo, dice que «no hubo por su parte injerencia alguna, ni presión para que realizaran su trabajo» en el menor tiempo posible, como las técnicas sostienen.

El 15 de septiembre el secretario le informó que tenían que «retrotraer las actuaciones» porque faltaban informes sociales y porque no se había respetado el plazo de alegaciones, aunque José María Fernández manifiesta ante el juez que en ese momento el secretario «no tenía conocimiento de que no se había baremado conforme al decreto de la Junta».

Según el exalcalde, «tras consultar el decreto 8/2014 y cotejarlo con las baremaciones empleadas por los técnicos, advirtió que no se habían llevado a cabo conforme a lo dispuesto en el decreto». Luis Fernández Anguas, el responsable de la Junta en los servicios sociales comunitarios, le admitió que la baremación empleada por los técnicos de Espartinas «había estado circulando por el Aljarafe», por lo que le remitió un informe sobre cómo debía realizarse la baremación, informe que él remitió a los técnicos.

A juicio del exalcalde, «las técnicos se van dando cuenta a medida que avanza la tramitación del procedimiento que habían incurrido en un error al realizar las baremaciones. Que de hecho hay un informe del día 16 de septiembre en el cual las técnicos dicen que el listado era una aproximación». Sobre la falta de informes sociales en las baremaciones, José María Fernández ha dicho que «los técnicos le dijeron que esos informes se irían realizando conforme fuese avanzando el procedimiento y que inicialmente no eran necesarios para realizar la baremación, dado que los solicitantes son recurrentes de esta ayudas porque su situación es de exclusión social y es un dato conocido en el pueblo, ya que suelen ser personas que acuden cada quince días a los servicios sociales demandando alimentos y otras ayudas».

Finalmente se publicó un listado de las solicitudes y en esa nueva revisión «se advierte que hay quince a las que le faltan documentación, cuando en el escrito de servicios sociales del día 10 las técnicos manifestaban que sólo eran al tres solicitantes a los que les faltaba documentación». El 19 de octubre vuelve a salir otra lista ajustándose a la baremación prevista en el decreto de la Junta.

Finalmente, el Ayuntamiento contrató a las personas que cumplían los requisitos aunque por menor tiempo del previsto inicialmente. En cuanto al dinero empleado para abonar las nóminas de las personas que fueron contratadas y no cumplían los requisitos según el decreto de la Junta, el Gobierno municipal Ciudadanos-PSOE ha reclamado al seguro del Ayuntamiento las cantidades para reintegrarlas en las arcas municipales.

La versión del exalcalde no parece coincidir con la del PP ni con la de los técnicos ni con la de una de las candidatas que denunció los hechos por haber sido excluida en la primera baremación. Según el PP, el entonces alcalde prosiguió con las contrataciones a pesar de saber que no se había respetado el plazo de alegaciones. Por su parte, la afectada que hizo una huelga de hambre para denunciar los hechos, aportó un audio de una conversación que ella mantuvo con el concejal de Asuntos Sociales, el socialista Ignacio Rubio, y en el este concejal admite irregularidades en las contrataciones, así como que el alcalde las conocía.

En cuanto a los técnicos, el informe que presentaron el 10 de septiembre ante el Registro del Ayuntamiento de Espartinas contradicen la versión del alcalde. En ese informe, los técnicos explican que el plazo de presentación y recogida de solicitudes se inició el 18 de agosto y acabó el 4 de septiembre, según estipuló el equipo de Gobierno. Los técnicos del departamento de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Espartinas aseguran que hicieron constar su criterio «en base a que nos parecía muy corto el período de solicitud, dada la complejidad de la documentación que los solicitantes debían recabar, y en base a la experiencia de programs anteriores, dada la cantidad de posibles solicitantes que podían preveerse». Además, denunciaron que se no estableció período de subsanación, algo que quisimos hacer constar» y que la baremación de usuarios se hizo con la «la premura establecida por el equipo de Gobierno», que quería tener contrar al personal a día 10 de septiembre, fecha del inicio del curso escolar. Por todo ello, manifiestan que no hubo tiempo para elaborar los informes sociales ni hacer visitas domiciliarias ni las entrevistas personales».