El arzobispo de Granada rechaza ante el juez que coaccionase a un sacerdote

Imagen insólita: un arzobispo citado a declarar ante un juez como querellado. El arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, declaró ayer ante el juez en relación a la querella presentada contra él por uno de sus sacerdotes, que le acusa de injurias, calumnias y coacciones en el contencioso que mantienen por la propiedad intelectual de un libro. El prelado aseguró que actuó dentro de la normativa de la Iglesia y nunca con la intención de dañar al religioso.

La declaración ante el Juzgado de Instrucción número uno de la capital granadina duró nada menos que cuatro horas debido a que el sacerdote hubo de repetir la declaración. Mientras se producía, un grupo de fieles se concentró a las puertas del edificio para rezar el rosario. Martínez se ha convertido el primer prelado de España denunciado y citado a declarar por estos motivos.

Esta era la segunda citación del prelado una vez suspendida la anterior, fijada para el pasado 26 de abril, tras recurrir el Arzobispado el auto de admisión a trámite de la querella que, en su opinión, debía ser notificada a la Santa Sede por vía diplomática en virtud del Acuerdo de 28 de julio de 1976 suscrito entre la Iglesia y el Estado. El juez resolvió que la notificación que había realizado al Nuncio -embajador en España de la Santa Sede- era «válida y eficaz», por lo que acordó seguir la instrucción de la causa.

El pleito entre el arzobispo y el sacerdote, -que curiosamente se llama igual-, arranca en diciembre, cuando el canónigo pidió al arzobispo que se retractara de las acusaciones realizadas en una carta sobre una supuesta apropiación indebida de los derechos de propiedad intelectual de un libro sobre la Catedral encargado por el anterior arzobispo, Antonio Cañizares, cuya publicación paralizó el demandado hace un año.

Libro de encargo

El libro fue encargado por el anterior arzobispo a 35 profesores de siete universidades españolas y una francesa. Tras la paralización, los autores presentaron también una demanda civil por incumplimiento de contrato contra el arzobispo que fue retirada la pasada semana tras llegar a un acuerdo las partes, que incluye llevar a cabo dicha obra.

El arzobispo de Granada inhabilitó al clérigo para ejercer sus funciones sacerdotales, lo destituyó como canónigo, lo relevó de su puesto de archivero en la catedral de Granada. y lo retiró de su acceso a la cátedra de la Facultad de Teología.

Aunque rehusó hacer declaraciones a los periodistas, el Arzobispado de Granada remitió ayer a los medios de comunicación un comunicado donde se explicitan los «puntos» fundamentales en los que se ha centrado la comparecencia del religioso.

El comunicado señala que Francisco Javier Martínez sostuvo en su declaración que su actuación ha estado «siempre dentro del gobierno interno de la Iglesia» y que ha actuado según la normativa de la misma y en libre ejercicio de su ministerio.

El arzobispo se negó a responder a las preguntas de la acusación y dijo que las actuaciones que tomó al suspender al sacerdote de sus funciones se deben a otras previas del querellante que le «obligaban a tomar medidas para preservar la libertad o los derechos de la Iglesia».

Críticas a la publicidad

En este sentido, recordó que «jamás ha dado publicidad alguna a las medidas disciplinares que le ha sido preciso tomar, que hubiera sido más cómodo no tomar y que también hubiera deseado no tener que tomar».

El arzobispo indicó, añade la nota, que la remoción en el oficio de canónigo está vinculada a la «negativa del querellante» a entregar al Arzobispo y al Cabildo -con el fin de que pudieran disponer de forma adecuada sobre su publicación- un libro de la Catedral en sus «aspectos teológicos y pastorales» que le había sido encargado en el año 2000. El sacerdote interpuso la querella después de haber apelado a la Santa Sede, quien le impuso unas condiciones que «nunca cumplió», a raíz de lo cual, dice el Arzobispado, abandonó ese ámbito jurisdiccional y se dirigió a los tribunales civiles.

El Arzobispado subraya en su comunicado el «dolor» porque todo este asunto no se haya resuelto en el «seno propio de la familia misma». Martínez sostuvo asimismo que «nunca ha tenido el móvil de dañar en modo alguno a la persona del querellante», sino sólo de gobernar la Diócesis «para bien de la misma» y que siempre ha obrado «en función de otras acciones del querellante». Por otro lado, aprovechó para criticar la divulgación «del todo desproporcionada, con ligereza y sin respeto a la verdad» que ha tenido el caso que, a su juicio, se ha hecho «con la pretensión de dañar a la Iglesia».

Según las fuentes, las numerosas modificaciones que el arzobispo planteó tras la transcripción de su declaración inicial ante el juez, motivaron que ésta se considerara nula y que, posteriormente, las manifestaciones del prelado, que se prolongaron durante unas cuatro horas, fueran recogidas de forma «literal».