Roca ofreció tres millones a ediles que apoyaron la moción contra Julián Muñoz

La cabeza política de Julián Muñoz tenía un precio: tres millones de euros. Esa fue la cantidad que el cerebro de la trama de corrupción de la Costa del Sol, Juan Antonio Roca, prometió a algunos de los catorce concejales que en agosto de 2003 apoyaron la moción de censura contra el entonces alcalde la ciudad, según se desprende de la información ya en poder del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella.

Las investigaciones de la operación Malaya, que hasta ahora se ha saldado con 25 detenidos, han revelado en los últimos días que Roca, el gran muñidor del ayuntamiento, fue quien orquestó el relevo de Julián Muñoz cuando el ex alcalde decidió destituirle como gerente de urbanismo y aceptar las recomendaciones de la Junta de Andalucía de volver a redactar desde el inicio un nuevo Plan General de Ordenación Urbana.

La oferta de Roca a algunos de los ocho ediles del GIL, tres concejales expulsados del PSOE y tres desautorizados por el Partido Andalucista, que apoyaron la moción contra Muñoz fue que él mismo se encargaría de que tuvieran acceso a negocios en los que en unos meses obtendrían los tres millones prometidos. La Policía tiene pruebas, incluidas confesiones de algunos de los imputados que no niegan las acusaciones, de que, al menos, cuatro detenidos en la operación Malaya accedieron al trato, entre ellos la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, y su primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos.

A cambio de ese dinero, además del apoyo de la moción, Roca exigió participar en todas las reuniones previas de la Junta de Gobierno de la ciudad en las que realmente se trataban las recalificaciones de los terrenos. Allí, el asesor urbanístico daba las instrucciones a sus concejales.

Los técnicos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, que ahora se centran en saber cuántos miembros del equipo de Gobierno cobraron por destituir a Muñoz, tratan también de cuantificar la cantidad de dinero que se embolsó la red tejida por Juan Antonio Roca. Los documentos incautados en los dos últimos meses apuntan a que el cerebro del grupo y sus cómplices se embolsaban en comisiones más dinero del que entraba en la arcas del ayuntamiento a través de las recalificaciones. Las comisiones exigidas para que salieran adelante los proyectos superaban los 24 millones de euros en dinero B, mucho más del dinero legal que entraba al consistorio.

Cien sospechosos

El seguimiento de esas ingentes cantidades de dinero está siendo un verdadero rompecabezas para la Policía y el juez. Por ahora, sólo se están examinando recalificaciones y otras operaciones de 2005, aunque el propósito de la UDEF es explotar varios años atrás. Las primera estimaciones oficiales apuntaban a que la trama de corrupción pudo mover cerca de 2.400 millones de euros, aunque los expertos creen, a la vista de los descubrimientos de las últimas semanas, que esa cifra se ha quedado muy corta.

El seguimiento de la inmensa fortuna de la corrupción en Marbella ha llevado ya a los agentes de la UDEF a investigar o bloquear «varios miles» de cuentas en 60 entidades bancarias o financieras radicadas en España.

Estas cuentas -según fuentes judiciales- están a nombre de un centenar de empresas y personas físicas, entre ellos los 25 imputados, varios familiares y amigos y una docena de testaferros con los que Roca controlaba las 120 empresas instrumentales que utilizaba para blanquear su dinero fraudulento.

Inmuebles

La gran cantidad de personas y cuentas bajo sospecha podría incluso ampliarse en las próximas semanas, ya que la Policía todavía no ha podido examinar las 30 grandes cajas de documentación incautadas en la treintena de registros practicados a finales de marzo y principio de abril cuando se desató la operación Malaya. Buena parte de estos documentos procede del bufete de abogados madrileños Sánchez Zubizarreta & Soriano Pastor que gestionaba varias de esas firmas pantalla. Además, cada día los bancos informan de nuevas cuentas a nombre de personas relacionadas con la trama que han sido localizadas e inmovilizadas.

El volumen de las incautaciones de inmuebles en la operación Malaya, que dos meses después de las redadas continúa «totalmente abierta», también se ha disparado en las últimas semanas. Medio centenar de casas, urbanizaciones, hoteles y palacios han sido aprehendidas desde finales de marzo, el último inmueble en Palma de Mallorca. Los inmuebles relacionados con la red se extienden por Málaga, Huelva, Cádiz, Sevilla, Madrid, Murcia y Baleares.