Nueve países de la UE patrullarán con España las zonas de origen de los cayucos

Después de meses de continuas oleadas de inmigrantes subsaharianos en las Islas Canarias, el Gobierno ha conseguido arrancar de sus socios comunitarios el primer gesto colaboración: a partir de junio, nueve países de la Unión Europea, además de España, prestarán agentes, patrulleras y medios aéreos para vigilar las costas atlánticas africanas de las que cada día parten los cayucos con destino al archipiélago. Ni siquiera los responsables del Ministerio del Interior esperaban tanto de la reunión de trabajo que ayer tuvo lugar en Madrid con los embajadores en España de Francia, Reino Unido, Portugal, Italia, Grecia, Alemania, Holanda, Austria (que preside la Unión Europea este semestre), y Finlandia (que lo hará en el segundo semestre del año).

Todos los asistentes se comprometieron a prestar medios materiales y humanos para poner en marcha el ambicioso plan diseñado por la Guardia Civil para detectar e interceptar las embarcaciones clandestinas en las costas de Mauritania, Senegal y Cabo Verde. Unas maniobras que evitarán que las barquillas lleguen a aguas internacionales del Atlántico, desde donde no pueden ser obligadas a retornar a sus puertos de origen. El secretario de Estado para la Seguridad, Antonio Camacho, explicó que el operativo del instituto armado incluye el despliegue de cinco patrulleras en cinco zonas marítimas de estos tres países, en particular en los alrededores de cuatro puntos calientes de partida.

Apoyo

Así, se vigilará con especial atención el puerto de la ciudad senegalesa de Saint-Louis (fronteriza con Mauritania); la capital mauritana, Nouakchott; el puerto mauritano de Nouadhibou (en el límite con el Sáhara Occidental); y Cabo Verde, «punto de paso de los barcos negregros», según admitió Camacho. Las patrulleras europeas estarán apoyadas desde el aire por cinco helicópteros y un avión, que también serán aportados por los socios comunitarios. Estos países igualmente deberán destinar oficiales de enlace y tripulaciones para los barcos de vigilancia, en virtud de los acuerdos alcanzados en el encuentro de ayer. Aunque los flecos del despliegue europeo en los países de origen de la inmigración deben cerrarlos antes del 2 de junio los técnicos de la Agencia de Control de Fronteras de la UE (Frontex), en la reunión multilateral del Ministerio del Interior ya se perfiló la aportación de algunos países. Francia, Gran Bretaña y Portugal están dispuestos a facilitar medios técnicos y materiales (el gobierno luso ha prometido una patrullera), mientras que Alemania, Grecia e Italia tienen previsto enviar agentes al dispositivo.

Antonio Camacho, que compareció para detallar el despliegue junto a la secretaria de Estado para la Inmigración, Consuelo Rumí, aseguró que la puesta en marcha de este primer operativo conjunto europeo es prueba de que los socios comunitarios no sólo conciben la política migratoria como una cuestión «teórica», sino que «están dispuestos a trabajar de forma eficaz y eficiente». Se trata -añadió- de poner coto a este «tremendo problema humano» generado por la «gravísima crisis económica y de subsistencia» en los países del África subsahariana. El secretario de Estado para la Seguridad se mostró convencido de que será posible encontrar un marco jurídico adecuado para que las patrulleras europeas surquen las aguas de Mauritania, Senegal y Cabo Verde sin infringir la legalidad. En ese sentido, avanzó que los técnicos europeos estudian la posibilidad de llegar a acuerdos bilaterales como el alcanzado por España con Mauritania en virtud del cual desde hace una semana la patrullera Río Duero navega por aguas de aquel país con equipos conjuntos hispano-mauritanos como tripulación.

Financiación

El acuerdo cerrado ayer en Madrid fija que este operativo europeo estará vigente, al menos, desde junio hasta septiembre, aunque podrá ser ampliado temporalmente si continúan las oleadas de inmigrantes. Los representantes de la Comisión Europea se comprometieron también ayer a que la mitad del coste del despliegue europeo en aguas subsaharianas sea financiado por los fondos de Bruselas, mientras que el otro 50% saldrá de las arcas de los nueve países implicados.

La promesa de los socios europeos durante la reunión de Interior fue interpretado como un éxito de la diplomacia española, que recientemente movilizó a la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega para lograr la implicación de la UE. La número dos del Gobierno viajó a Bruselas el pasado 23 de mayo para exigir a la Comisión Europea medios humanos y materiales para atajar la avalancha de cayucos en las costas canarias.