Humberto Janeiro está también implicado en un presunto fraude a la Seguridad Social

El nombre de Humberto Janeiro, padre del torero Jesulín de Ubrique, ha salido a la luz como nuevo implicado en la supuesta trama de fraude a la Seguridad Social para conceder pensiones de forma fraudulenta en la llamada operación Karlos.

Según las informaciones del sumario, Janeiro estaba pendiente de obtener una pensión por invalidez laboral que iba a serle concedida con informes médicos falsos. Además, el padre del diestro cobraba, presuntamente, exclusivas de una revista del corazón a través de una empresa pantalla, para desgravar a Hacienda de forma ilegal.

En esta trama, ya tuvieron que declarar la suegra de Jesulín, que estaba dada de alta en otra empresa ficticia para gestionar su incapacidad desde la red que operaba en Cádiz, y su mujer, María José Campanario, que salió en libertad con cargos después de abonar 12.000 euros de fianza.

Además, en el sumario se recogen transcripciones de la conversación entre el dirigente de la organización y la mujer del torero, María José Campanario, para que su madre cobrara la pensión.

La Guardia Civil informó esta semana de que la operación Karlos se ha saldado hasta el momento con la detención de 28 personas como presuntas autoras de delitos de fraude a la Seguridad Social, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental y con la imputación de otras diez, a las que habría que sumar ahora la de Humberto Janeiro.

Según el Instituto Armado, las investigaciones se iniciaron en el mes de octubre del pasado año, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que Carlos Carretero, antiguo jefe de la policia local de Ubrique, podría encontrarse presuntamente implicado en una trama organizada dedicada a la concesión de pensiones por incapacidades laborales mediante procedimientos ilegales.

Tras las primeras investigaciones, constataron que esta persona contaba con la connivencia de un inspector médico, que se apoyaba en determinados facultativos, tanto de atención primaria como especialistas, para expedir bajas e informes médicos falsos e incorporarlos a la documentación necesaria para iniciar el expediente de incapacidad laboral o por accidente, encargándose de supervisar estos documentos previo pago.

Según la Guardia Civil, informes médicos emitidos por especialistas han podido ser falsificados por alguno de los facultativos implicados. Para ello, los interesados abonaban cantidades que oscilaba entre los 9.000 y los 24.000 euros, con el fin de beneficiarse de estas pensiones fraudulentas.