Fiscales Antidroga reclaman que los bienes requisados se vendan antes de la sentencia

La cumbre de fiscales Antidroga celebrada esta semana en la capital gaditana tenía un enfoque eminentemente práctico que se ha visto reflejado en las conclusiones expuestas por sus participantes. El objetivo era contribuir a la mejora del sistema jurídico en temas de narcotráfico.

Una de las propuestas más importantes de las jornadas es aquella por la que los fiscales solicitan una regulación moderna y abierta para las escuchas telefónicas.

Los profesionales de la justicia que trabajan directamente con la problemática de la droga piden que la nueva regulación contemple las nuevas tecnologías utilizadas hoy, como telefonía móvil, y que se deje un margen a la aparición de otras formas de comunicación, aún por llegar. La regulación actual de la interceptación de las comunicaciones se realizó a finales del siglo XIX.

Agilización

Entre las resoluciones expuestas en la jornada de clausura destaca la propuesta realizada por los fiscales para agilizar la venta de los bienes decomisados en operaciones antidroga.

Con esta iniciativa se evitaría que las posesiones procedentes de negocios ilegales perdiesen valor en los depósitos, además de evitar un gasto extraordinario a la Administración en mantenimiento de la mismas.

Los fiscales reunidos en Cádiz propusieron incluso que los vehículos incautados sean utilizados de inmediato por la guardia civil. En el caso de la sentencia fuese absolutoria, se devolvería a los imputados el valor en metálico de los bienes confiscados.

La clausura de la cumbre de fiscales Antidroga contó con la presencia del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, que acudió en representación del fiscal general del Estado. Su intervención en las jornadas se centró en la exposición de la urgencia de una nueva legislación que penalice con dureza a aquellos delincuentes que cometen crímenes organizados.

Zaragoza destacó que los asaltos a chalés con violencia, los secuestros exprés -que siguen las normas del crimen organizado a modo de asaltos de guerra- están creando tal grado de inseguridad en la sociedad que merecen un tratamiento legal adecuado a la nueva situación.

Hasta ahora, la máxima pena que se puede imponer a estos criminales es el triple de la pena cometida más grave, un máximo de 60 años, que en la práctica resulta insuficiente.

La cumbre ha sido organizada por la fiscal Antidroga de Cádiz, Ana Villagómez, y contó con la presencia en la clausura, entre otros, del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza; de la fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso y del subdelegado del Gobierno en Cádiz, Sebastián Saucedo.