La Fiscalía responsabiliza a los ayuntamientos de dejadez en la lucha contra los delitos urbanísticos

El crecimiento descontrolado del bien inmobiliario por encima de otros recursos necesarios ha abierto una nueva línea de preocupación con voces que alertan de los daños y los negocios ilícitos que se están generando en torno al urbanismo mal entendido. La lucha de intereses ha obligado al Ejecutivo a impulsar una nueva legislación proteccionista con el suelo y la vivienda; mientras que el poder judicial observa cómo en los juzgados cada vez se tramitan más diligencias por irregularidades urbanísticas.

En el caso de la provincia de Cádiz, la Fiscalía de Medio Ambiente se suma a esas llamadas de advertencia para que no se repitan modelos como el de la vecina Málaga. El contenido del último informe sobre la actividad que está desarrollando el Ministerio Fiscal en Cádiz es resumido por su responsable provincial, Ángel Núñez, con el calificativo de «preocupante». Dicho documento ha sido remitido al fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, quien ha solicitado a los delegados en la audiencias provinciales un análisis de su funcionamiento.

«Se está produciendo un crecimiento desordenado, que está provocando importantes daños en bienes con un valor histórico y natural. Además, existe dejadez a la hora de aplicar los instrumentos jurídicos que existen». Ángel Núñez aboga claramente por el uso de la demolición como sanción para aquellos que infringen la ley, y recuerda la vigencia de un punto dentro del articulado que reserva el Código Penal para los delitos contra la ordenación del territorio. «Los tribunales pueden ordenar, de manera motivada, la demolición de una construcción».

Considera que desde el momento que no se ejecuta la destrucción de edificaciones que son ilegales, se está favoreciendo esta actividad. Es más, el fiscal Núñez apela a ese tipo de medidas como la única herramienta para frenar el crecimiento de estos inmuebles. «Aquellos que construyen una casa y no son sancionados con el derribo, tan sólo se enfrentan a la multa económica y saben que tampoco van a ir a la cárcel. Les sale muy barato».

Para el fiscal delegado de Medio Ambiente en Cádiz, la responsabilidad del fracaso en las políticas urbanísticas es compartido, a su juicio, por tres pilares. Por un lado, Núñez cita a los propios ciudadanos que no se han sensibilizado con el problema de las viviendas ilegales. «No se ha avanzado nada en la concienciación social en esta materia. Por eso, las personas no le dan importancia a hacerse una casa sobre suelo no urbanizable». Y a la pregunta de si esa sensibilización es incompatible con el problema de la vivienda que existe en Cádiz, el fiscal de medio ambiente recuerda que la mayoría de las edificaciones ilegales son segundas residencias.

Núñez también critica a los ayuntamientos, a los que hace responsable de «no cumplir con sus competencias». Esa dejadez, que reconoce el fiscal que puede ser por «el coste electoral» que puede traer consigo aplicar la ley con contundencia, está influyendo en municipios como Chiclana que tienen miles de viviendas fuera del ordenamiento urbanístico.

Litoral y Sierra

Por ciudades, las poblaciones donde las construcciones sin licencias tienen una presencia mayor son: El Puerto, Chiclana y Sanlúcar. Aunque en la Fiscalía recuerdan que las viviendas ilegales no sólo afloran en el litoral; sino que también se extienden a la Sierra, donde están proliferando las construcciones en parajes naturales protegidos como Los Alcornocales.

Pero el responsable de esta materia en la Fiscalía de Cádiz también hace un ejercicio de autocrítica y señala al poder judicial como tercer pilar culpable. «No ha sabido estar a la altura.Ya en 1995, el legislador reconoce que no se es eficaz si no se impiden estas construcciones paralizando las obras».

Pero a esta dejadez de las autoridades se suma otro obstáculo que dificulta la lucha contra estos delitos. La Fiscalía de Cádiz se encuentra desbordada por la ingente cantidad de trabajo que llega, lo que le resta eficacia y capacidad para profundizar en las irregularidades que se cometen.

La preocupación de la que habla Núñez se refleja también en el volumen de diligencias que han sido abiertas sólo en lo que va de año. Así, en su departamento (que se ocupa de los delitos contra el medio ambiente, patrimonio histórico y urbanismo) se han iniciado 43 investigaciones. Esta cifra adquiere su valor cuando se compara con el número de expedientes iniciados en toda la Fiscalía gaditana: 105 en 2006; lo que supone que casi la mitad de los casos en los que trabajan actualmente los fiscales gaditanos están relacionados con la ordenación del territorio y los atentados contra la naturaleza.

De estas 43 diligencias, en 13 de ellas se han formulado denuncias, ocho han sido archivadas y el resto se encuentra aún en tramitación. El año pasado, las diligencias tramitadas fueron 120, la mayoría por delitos de carácter urbanístico.

Por este motivo, desde hace más de dos años, se ha solicitado desde Cádiz la asignación en exclusividad de las materias de esta índole al fiscal delegado de Medio Ambiente, para así liberarlo de otras funciones como ha ocurrido con los dos fiscales antidroga. Ángel Núñez reconoce que tiene que derivar muchos asuntos a colegas no especializados que están en los juzgados porque no puede asumir tantos casos.

Más medios

En el informe remitido al fiscal coordinador, desde Cádiz se le recuerda que la falta de medios personales y materiales y «las necesidades de ampliación de plantilla son acuciantes». Así, Núñez reclama la idoneidad de tener peritos que apoyen las investigaciones; lo que permitiría, en definitiva, asumir más casos, tratarlos con más celeridad y eficacia.

Pero la saturación por la escasez de recursos también se observa en los distintos juzgados. Así, el informe recoge como muchas de las últimas diligencias por atentados ecológicos se dan en partidos judiciales donde sus órganos son insuficientes y, por tanto, donde no se le presta la suficiente atención a estas causas y con la urgencia que se requiere. La Fiscalía de Medio Ambiente ha detectado cómo «el transcurso del tiempo impide muchas veces enderezar una instrucción inicialmente mal encauzada».