Una cuestión moral

La realidad de los trabajadores y trabajadoras del hogar presenta connotaciones propias de otras épocas en la que los derechos laborales eran ajenos a los empresarios: la mayoría de estos empleados y empleadas no tiene contrato, cobran sueldos míseros y sus jornadas alcanzan fácilmente las doce horas. El protocolo de actuación firmado por cuatro colectivos sociales de la ciudad significa, más allá de un compromiso firme de civismo practicante, un ejemplo moral al que las administraciones no pueden permanecer ajenos: regularizar la situación de este sector, marcado por la invisibilidad de la economía sumergida, debe ser una prioridad legal y moral de primer orden. La integración de los inmigrantes en la sociedad -el colectivo más afectado por la precaridad del sector-, implica su consideración como trabajadores con los mismos derechos y deberes que el resto de la ciudadanía, y ésta es una máxima que, no por obvia, se incumple sistemáticamente.