San Benito cree que la Junta les pone «a la misma altura» que los traficantes

El presidente de la asociación de vecinos Pedro Palma, del Polígono de San Benito, José Antonio Romero, ha acusado a la Junta de Andalucía de «meter en el mismo saco a traficantes de drogas y obreros» a la hora de regularizar y rehabilitar las viviendas del barrio, tal y como está previsto hacer próximamente.

Según declaró el responsable vecinal, «el proceso nace dañado de principio, y puede acabar generando una situación mucho peor que la que se pretende solventar». Romero se refiere a que la «cesión de la titularidad de las viviendas por igual a obreros y a traficantes de droga puede acabar convirtiendo la zona en un gueto, porque una vez que los delincuentes tengan escrituras jamás de marcharán de allí, por lo que serán los vecinos honestos los que acabarán abandonando su barrio».

En este sentido, el portavoz de esta barriada lamentó la actitud «ilógica de los responsables de la cesión de la titularidad, que no entienden algo tan sencillo como que los vecinos no quieran vivir con gente que se dedica a la venta de droga en su mismo bloque o en su misma calle».

Para la asociación de vecinos Pedro Palma, tiene que quedar «meridianamente claro que apostamos porque se rehabilite este barrio y porque se cedan las viviendas a los vecinos, pero no a cualquier precio, no de cualquier manera, y no jugando con el futuro de toda la zona de una tacada».

Romero explicó que «ahora es el momento de impedir que los traficantes que compraron sus viviendas de modo irregular continúen en la zona».

Con respecto a las declaraciones recientes del delegado de Vivienda e Infraestructuras, Antonio Fernández, en las que se reiteraba en que los vecinos están satisfechos con el proceso iniciado, Romero subrayó que «algunos vecinos están contentos porque en cuanto tengan la titularidad de sus casas la venderán y se marcharán y otros, los que no tengan recursos se tendrán que quedar allí. Pero también cabe preguntarse quién comprará una vivienda que está junto a un punto de venta de droga».

De esta manera argumentaba el presidente del colectivo vecinal que «el barrio se acabará convirtiendo en un gueto, puesto que sólo un delincuente comprará una casa junto a la de otro delincuente, y eso lo acabarán pagando los vecinos honrados que se queden».

Además, Romero significó que «el hecho de que muchos vecinos no hablen porque tiene miedo, no signifique que estén de acuerdo», y aconseja a las autoridades que «se pongan en la piel de quienes tienen que denunciar que se vende droga en casas de sus vecinos, pero siguen conviviendo con ellos». En cualquier caso, el presidente de la asociación de vecinos hizo «un llamamiento a la cordura, al consenso y, sobre todo, a la lógica, para que no acaben venciendo esos indeseables», y pidió que «se tenga en cuenta a los habitantes del barrio a la hora de decidir cómo se va a hacer la rehabilitación, en qué condiciones y con qué criterios».