Renegociar con el Estado una deuda de 200 millones, prioridad de la gestora marbellí

No es la única losa, pero sí la más pesada. La deuda que mantiene con otras instituciones públicas es el principal lastre del que debe deshacerse el Ayuntamiento de Marbella para recuperar la normalidad. Conocer con exactitud hasta dónde llega el pasivo y renegociarlo con las instituciones acreedoras se convertirá a partir de mañana, cuando comience a trabajar tras el reparto de las áreas, en la principal preocupación de la comisión gestora que se ha hecho cargo de los asuntos municipales.

No será un asunto sencillo. Las cifras que se adelantan causan escalofríos. Durante siete años del mandato de Jesús Gil el Ayuntamiento dejó de abonar la Seguridad Social de los trabajadores y de cumplir con la Agencia Tributaria. Total: 160 millones de euros de deuda con la primera entidad y otros 28 millones con Hacienda. El Patronato Provincial de Recaudación también espera recuperar lo suyo: 22 millones y medio de euros acumulados hasta finales de diciembre de 2004. Desde entonces la deuda no ha dejado de crecer. La Mancomunidad de Municipios es otra de las instituciones damnificadas por la gestión de Marisol Yagüe y sus antecesores.

El presidente de la gestora, Diego Martín Reyes, no aplica paños calientes cuando se refiere a este problema. «La situación económica del Ayuntamiento es catastrófica», reconoce.

Nadie espera una condonación que originaría un peligroso precedente frente a otros ayuntamientos deudores, pero sí comprensión para poder renegociar la deuda en unos términos que el Ayuntamiento pueda asumir. El problema es que también los bancos están en la cola.

Junto al problema de la deuda y la situación económica, otros asuntos esperan para ser resueltos.

URBANISMO

Más de 30.000 viviendas ilegales



Si la desfachatez urbanística fue la seña de identidad del gilismo, la ilegalidad consumada con ladrillo y hormigón es su herencia más palpable. Los planos de Marbella están salpicados con un sinfín de puntos rojos. El sarampión cubre todos los rincones de término municipal. No en vano el exceso de cemento en cualquier punto de la costa española ya se bautiza como marbellización. Difícilmente la situación podría ser peor. Más de 30.000 viviendas ilegales esperan que se decida sobre ellas. La amenaza de la demolición pesa sobre al menos 4.500, consideradas de difícil legalización en virtud de las infracciones cometidas.

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

15 años sin colegios



Durante los últimos 15 años se construyeron en Marbella cientos de urbanizaciones, bloques y hoteles, pero ni un solo colegio o centro de salud. 124.000 habitantes censados, incontables residentes de hecho y una multitudinaria población flotante cuentan con el mismo equipamiento público que en 1991. La necesidad de nuevos colegios, centros de salud y juzgados se ha encontrado en los últimos años con un obstáculo insalvable: la falta de suelo.

TRABAJADORES

Una plantilla sobredimensionada



400 trabajadores cuando llegó Jesús Gil. 3.200 cuando su herencia política se desmoronó. Las cifras hablan por sí solas del crecimiento que ha experimentado la plantilla del Ayuntamiento. La nómina se ha convertido en uno de los lastres que estrangula a la economía municipal. Y no precisamente por los funcionarios.



APARATO DE PROPAGANDA

Injurias al servicio del saqueo



Se trata de uno de los principales emblemas de la desfachatez con que se han manejado los asuntos públicos en Marbella. Al mismo tiempo que desde los aledaños del gobierno municipal se acosaba a los periodistas, el Ayuntamiento montaba un aparato de propaganda con radio, televisión y hasta un periódico de difusión gratuita que genera un gasto anual de seis millones y medio de euros.



CAUSAS JUDICIALES

De defensor a acusador



Procedimientos por alcance contables abiertos a instancias del Tribunal de Cuentas, causas relacionadas con el desvío masivo de capitales a través del un entramado societario creado durante la era GIL, pago de facturas de proyectos ficticios y una número infinito de procesos relacionados con presuntos delitos urbanísticos. El panorama judicial de Marbella no es muy halagüeño pero con la llegada de la gestora se va a producir un cambio de postura radical. Su presidente, Diego Martín, ya anunció que se van a personar como acusación en todas las causas que hayan supuesto un daño para los intereses del Ayuntamiento. No sólo eso. El Consistorio dejará de costear la defensa, como ha hecho hasta ahora, en los procedimientos por hechos delictivos en los que han estado implicados concejales de las corporaciones anteriores.

PATRIMONIO

Poner los bienes municipales al día



Durante años ha sido el principal caballo de batalla de la oposición. Cuantificar actualmente el listado de bienes de titularidad municipal es una tarea ardua, máxime después de más de una década en la que los sucesivos equipos de gobierno han protagonizado una despatrimonialización a discreción con la enajenación del suelo o la cesión de locales o pisos.

SOCIEDADES MUNICIPALES

Revisión del personal y de la actividad



Durante años han constituido un auténtico Ayuntamiento paralelo que gestionaba cerca de la mitad del presupuesto municipal a través de transferencias presupuestarias y sin posibilidad de que la oposición ejerciera ningún control. Reflejo de la peculiar gestión que imprimió el desaparecido Jesús Gil en Marbella, la comisión gestora ya ha avanzado que revisará pormenorizadamente no sólo la actividad que hay detrás de las empresas municipales, sino el personal que depende de ellas y cómo accedieron a sus cargos.

CONCESIONES

Transporte público, agua o grúa



Las concesiones a empresas privadas de servicios que dependen directamente del Ayuntamiento han estado durante años en la picota. Concursos públicos inexistentes o pliegos de condiciones sin publicidad han sido algunas de las denuncias de la oposición mandato tras mandato. Con la llegada de la comisión gestora, que asegura estar dispuesta a «levantar alfombras», serán revisadas con lupa. La propia operación Malaya contra la corrupción en el Ayuntamiento han puesto en entredicho la adjudicación del transporte público, del servicio de grúa para la retirada de vehículos o de los paneles publicitarios de la vía pública.

No serán los únicos que tengan que pasar el examen de la gestora. Diego Martín, presidente de la comisión, ha avanzado que se revisarán pormenorizadamente tanto las concesiones actuales, entre las que se encuentra el propio abastecimiento de agua potable a la ciudad, como las que ya caducaron en su día, para determinar en qué condiciones se otorgaron y si, en su caso, pudieran concederse en condiciones más ventajosas para las arcas municipales.