Denuncian la construcción de un pozo pluvial frente a sus casas

Doce familias del Área de Gestión Básica Las Quintas, junto al Coto de la Campa, han denunciado la construcción de un pozo de aguas pluviales dentro de su urbanización, algo que podría originar graves trastornos a los residentes, según denuncian. La instalación, que se hará efectiva en pocas semanas, viene de la edificación de un complejo de viviendas ubicadas frente a las indicadas, dentro de una nueva promoción que recibe el nombre de El Erizo.

En un principio, la idea del Ayuntamiento era subir unos 60 centímetros de altura la acera que divide ambas zonas residenciales, con la idea de ahorrarse el montaje de una nueva estación de bombeo y que el agua cayera en la red existente en el Coto de la Campa. Pero una vez que estos vecinos protestaron por la situación al sentirse «aislados», tanto el arquitecto municipal como el promotor, según los afectados, decidieron instalar una línea de aguas pluviales que recorriera las calles de las nuevas casas y finalizara frente a la vivienda de un residente de Las Quintas.

Aprovechando el desnivel existente, este agua finalizaría en un pozo abierto de un metro y medio de profundidad para que cuando rebosara, esas aguas discurran de manera descontrolada por la vía hasta llegar, hipotéticamente, al Carrajolilla, un riachuelo existente en los alrededores.

Pero esta situación no les ha parecido conveniente a los vecinos de Las Quintas que temen que «cuando no sea época de lluvias, se pueda originar un foco de infecciones en este lugar que provoque hepatitis, además de malos olores y otros problemas». Los residentes están aún más preocupados porque en esta urbanización viven muchos bebés y menores.

«Humillados»

La única opción que tienen los vecinos para evitar esta situación es, según les dicen las autoridades, «construir unas tuberías hasta el Carrajolilla, cuando es algo que le compete al promotor». La conclusión que sacan los afectados es que «al ser viviendas ilegales», aunque lleven «20 años pagando todos los impuestos», parece que no tienen «derecho a vivir allí». «Nos sentimos humillados», concluían.