Las compañías negocian con Industria el gran cambio en el sector eléctrico

La OPA de Gas Natural sobre Endesa está paralizada y ni el Gobierno ni las compañías pueden esperar más sin introducir cambios definitivos en el funcionamiento del sector eléctrico. Las cuentas de las empresas son reveladoras del mal funcionamiento del sistema. Sin el reconocimiento del déficit de tarifa, las ganancias netas de las compañías por su actividad eléctrica en España se hubieran visto reducidas a 343 millones de euros el pasado año, un 84% menos de la cifra presentada. Bien poca cosa para una industria con 24.035 empleados, 17.087 millones de volumen del negocio, 57.047 millones de capital invertido y 38.300 millones de deuda financiera.

Cierto que los beneficios después de impuestos que presentaron Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Hidrocantábrico y Enel-Viesgo sumaron 5.552 millones en 2005, un 91% más que en el ejercicio anterior, pero la mitad de esa cifra procedió de las plusvalías de las desinversiones y otra elevada cuota se generó en el exterior. Las cuentas reflejadas en la Memoria anual de UNESA ponen de manifiesto que la aportación de la actividad eléctrica en España ascendió a 2.765 millones. Y ese importe se alcanza después de computar un déficit de tarifa de 3.500 millones de euros.

El déficit de tarifa es la diferencia entre los ingresos percibidos por las compañías y los costes reconocidos. En otras palabras, es una deuda que los consumidores contraen con las empresas, porque la tarifa de años sucesivos tiene que incorporar ese desfase para que las empresas lo recuperen. Por eso, y porque el Ministerio de Industria sospechó que los costes reconocidos estaban siendo manipulados, introdujo por decreto una solución parche el pasado 24 de febrero, para su aplicación desde el 3 de marzo. En esencia, esta norma provisional de funcionamiento del mercado mayorista obliga ahora a las empresas verticalmente integradas a vender la energía de sus centrales a sus propias distribuidoras a un precio determinado de 42,5 euros por megavatio hora. Hasta entonces, esas plantas colocaban su producción en el mercado y cobraban al precio de la central más cara que entraba en el proceso de casación.

Perjudicadas

Las eléctricas pusieron el grito en el cielo. Según sus cálculos, la aplicación de ese sistema durante todo el ejercicio restará a su beneficio operativo 1.500 millones de euros. A modo de referencia, esta ganancia fue de 7.181 millones el pasado año, incluido el déficit de tarifa. Sin él, se hubiera quedado en 3.670 millones de euros. Peor aún, el mecanismo provisional hace más ruinosa para las grandes compañías la actividad de distribución, verdadero cuello de botella para el suministro eléctrico, que en las actuales condiciones de retribución ya pesa como un lastre en el negocio de las empresas.

Eléctricas y Ministerio de Industria se pusieron a negociar hace algunas semanas y la paralización de la OPA de Gas Natural sobre Endesa precipitó los cambios. El Consejo de Ministros del viernes 31 de marzo aprobó la puesta en marcha de un paquete de reformas que incluye una profunda revisión del marco energético y que en el sector eléctrico abarca desde el funcionamiento del mercado mayorista a la modificación o supresión de los polémicos costes de transición a la competencia (CTC), pasando por la retribución de la distribución. Los enunciados abren camino a negociar con el sector el tránsito hacia la plena liberalización eléctrica. Sólo los consumidores domésticos, los más vulnerables, podrán seguir en régimen de tarifa en el futuro. Los cambios en el sector eléctrico vienen impuestos por la marcha del negocio del día a día pero también por necesidades estructurales. En el quinquenio 2001-2005 las empresas invirtieron en activos eléctricos nacionales 20.600 millones de euros, el 58,5% de esa cifra en el parque de generación y el 41,5% restante en mantenimiento y ampliación de redes. La previsión para el trienio 2006-2008 asciende a 11.600 millones.