Villepin no cede a la multitudinaria manifestación contra el contrato juvenil

Entre un millón y tres millones de personas, según la Policía o los organizadores, se manifestaron ayer contra el polémico Contrato Primer Empleo (CPE), que facilita el despido de los jóvenes, en la mayor jornada de protestas registrada en Francia en los últimos diez años. Enrocado en una intransigencia que comienza a ser criticada en las propias filas conservadoras, Dominique de Villepin se niega a retirar la reforma laboral como reivindican sindicatos y estudiantes, que apelan al arbitraje presidencial de Jacques Chirac, ante la cerrazón de su primer ministro.

Sin llegar al colapso absoluto del anunciado martes negro, los paros afectaron en diversa medida al tráfico de aviones, trenes, autobuses urbanos y metros en 75 ciudades francesas. La jornada de lucha también tuvo un notable impacto en la enseñanza, donde se registró un seguimiento del 27 al 48% según el Ministerio de Educación o los sindicatos. Tres de cada cuatro universidades y más de un millar de institutos permanecieron bloqueados por los paros. Los periódicos de difusión nacional no aparecieron en los quioscos y hubo frecuentes interrupciones en la programación de las radios y televisiones públicas.

La multitudinaria movilización recordó por su vigor las huelgas del invierno de 1995 que forzaron al entonces primer ministro conservador, Alain Juppé, la retirada de la reforma de la Seguridad Social. Desde entonces no había salido tanta gente a la calle en Francia para protestar a voz en grito por la política de los gobernantes. Se mire como se mire, con miopía policial o con lupa sindical, la cuarta jornada unitaria de combate contra los contratos basura batió un nuevo hito en el termómetro callejero del descontento social.

Si en la cita precedente del 18 de marzo las cifras de manifestantes oscilaron entre 503.600 y el millón y medio de manifestantes, esta vez el cómputo total de manifestantes varió entre el millón y los tres millones según las autoridades gubernativas y los organizadores. El mayor contingente de esta «cifra histórica», a juicio de los sindicatos, lo aportó el cortejo de París que congregó a 700.000 personas según la estimación facilitada por Bernard Thibault, secretario general de la CGT.

Mientras la marea humana invadía los bulevares del país, a menudo bajo una lluvia primaveral, Dominique de Villepìn capeaba el temporal ante el hemiciclo de la Asamblea Nacional. Entre un griterío ensordecedor procedente de los bancos de la izquierda, el primer ministro conservador a duras penas consiguió vocalizar su intransigencia. «Los sindicatos han rechazado mi mano tendida», se le oyó decir mientras los socialistas golpeaban sus escaños al grito de «retirada».

Villepin renovó la oferta de negociar mejoras en la aplicación de una ley que se niega a retirar como exigen las organizaciones sindicales y estudiantiles para sentarse a negociar. «La República no son las condiciones previas ni el ultimátum», proclamó en dirección a unos interlocutores sociales que le acusan de «provocación», «tomadura de pelo» y convocatorias «para hacernos una foto».

El jefe del Gobierno rechaza categóricamente introducir una justificación del despido de los menores de 26 años durante el período de prueba de 24 meses porque supondría «desvirtuar» el CPE. Sólo está abierto a negociar la reducción de ese plazo y a instaurar una entrevista explicativa en el momento del despido. «Olvide su orgullo, retire el CPE, haga las paces con los franceses», le espetó el socialista Jean Marc Ayrault en la sesión de control al Gobierno.

El recurso

La llave de una posible puerta de salida a la crisis está en manos de Jacques Chirac, que ha anulado el desplazamiento previsto mañana a Le Havre para inaugurar el nuevo puerto. Ese día está previsto que el Consejo Constitucional se pronuncie sobre el recurso presentado por la izquierda contra la ley aprobada por el Parlamento gracias a la mayoría absoluta en ambas cámaras del centro-derecha. Si el texto resulta validado, el presidente dispondría de quince días, según la Constitución, para promulgar la ley. El ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, preconiza aprovechar ese plazo para apurar la discusión con los agentes sociales en un claro desmarque del tándem Villepin-Chirac, sus rivales domésticos en el liderazgo conservador.