Justicia supedita las obras de la sede judicial al cambio de titularidad del solar

El proceso hacia la construcción de un nuevo Palacio de Justicia capaz de satisfacer las necesidades de la población isleña sigue provocando el desencuentro entre las administraciones local y autonómica. El último roce entre dichos organismos nace del contenido de la misiva remitida por la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía para responder a la pregunta del diputado andalucista, y anterior alcalde de San Fernando, Antonio Moreno, acerca del estado actual de los trámites necesarios para la consecución de unos nuevos juzgados.

Según el escrito, el Ayuntamiento de San Fernando no estaba capacitado para ofertar a la Junta, el mes de noviembre de 2003, la parcela seleccionada en la avenida Constitución como probable ubicación de la próxima sede judicial. La Consejería de Justicia detalla que dichos terrenos son propiedad del Ministerio de Defensa y basa su aseveración en los datos vertidos por el alcalde de la ciudad, Manuel María de Bernardo, en una misiva remitida el pasado 20 de febrero para reiterar el ofrecimiento de este solar de 2.332,89 metros cuadrados de superficie.

Nueva alternativa

La carta redactada por el primer edil, según fuentes consultadas por este periódico, no lleva a las conclusiones vertidas por la Consejería de Justicia. La primera parte del texto detalla la urgente necesidad de dotar de unos nuevos juzgados a la ciudad e insiste sobre la disponibilidad de las parcelas ubicadas en las avenidas San Juan Bosco y Constitución para dichos fines.

Por otro lado, el último párrafo del escrito de De Bernardo se limita a plantear nuevas vías de solución y aunque sí hace referencia a Defensa, no menciona en ningún momento los nuevos terrenos ofertados: «En el marco del proceso de futuras desafectaciones de inmuebles hasta ahora afectos por el Ministerio de Defensa, también este Ayuntamiento está dispuesto a que estas fincas queden en disposición, si es viable, de la Consejería de Justicia para albergar el nuevo edificio de los juzgados».

La misiva rubricada por la consejera de Justicia, María José López, interpreta el anterior extracto de la siguiente manera: «Dicha parcela, según se deduce del escrito, no es propiedad del Ayuntamiento de San Fernando y está pendiente de desafección por el Ministerio de Defensa, por lo que una vez que sea propiedad del Ayuntamiento podrá decidir la Consejería el cambio de solar y el inicio de las actuaciones».

El portavoz del equipo de Gobierno, Francisco Romero, mostró su asombro ante la lectura del documento y aseguró que todo se trataba de una artimaña por parte de la Administración socialista de cara a retrasar la ejecución de una actuación que sigue sin estar presupuestada. «No hay lugar para un error, la parcela es de propiedad municipal y así consta en todos los documentos urbanísticos de la ciudad», declaró el portavoz.

El retraso de la actuación agrava el lamentable estado del actual Palacio de Justicia, obsoleto para atender las demandas de casi 100.000 isleños.