El Ejecutivo pide a las autonomías más esfuerzo en política social para aplicar la ley de Dependencia

El primer examen del anteproyecto de la futura Ley de Dependencia ante los representantes de las Comunidades Autónomas puso en evidencia la complejidad del reto y la gran disparidad territorial en la situación de partida, pero también la voluntad de edificar el cuarto pilar del estado del bienestar.

Mientras que algunas comunidades cubren los objetivos marcados por el Ministerio en la atención a los dependientes, otras están muy lejos, y el anteproyecto de ley no aclara cómo se homologarán los servicios en todo el territorio sin crear agravios. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, avisó de que aquellas regiones con menor desarrollo de sus servicios sociales deberán hacer «un mayor esfuerzo» económico para articular su sistema de atención a los dependientes de sus respectivos territorios.

La Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, que reúne al Ministerio y a las consejerías homólogas de las comunidades, se saldó de manera satisfactoria para todas las partes, constatando la voluntad de todos en entrar en el nuevo sistema.

Sin embargo, hubo algunas dudas sobre el marco competencial y el esquema financiero propuesto por el Ejecutivo, que prevé repartir con las administraciones regionales al 50% el coste de levantar el sistema.

El proceso negociador con las CC AA seguirá el próximo día 24, con una nueva reunión de carácter técnico, y se celebrará una nueva reunión antes de que el proyecto de ley de Dependencia llegue al Congreso para su tramitación.

Por otra parte, horas antes Caldera presentó el anteproyecto al pleno del Consejo Nacional de la Discapacidad, organismo consultivo del Ministerio, que censuró el mecanismo de copago previsto. El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Mario García, pidió que se exima a las rentas más bajas de contribuir al pago.

Los representantes de los discapacitados aceptan que corran con una parte del gasto los usuarios con rentas más saneadas y, en todo caso, la aportación debería suponer un porcentaje limitado, que evite que el dependiente o sus familiares dediquen sus ingresos a sufragar estos costes.