La Junta pagará la indemnización de 1,4 millones de euros a la madre de Iván y Sara

La Junta de Andalucía no dilatará en el tiempo el pago de la indemnización de 1,4 millones de euros, por el proceso de preadopción iniciado con los dos niños de Sevilla Iván y Sara, e iniciará el expediente para ejecutar en los plazos previstos el abono de la cantidad a la madre de los menores, Carmen Fernández, aunque la Fiscalía de Sevilla decida la próxima semana recurrir el auto, dictado por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial. El auto de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla obliga a la Junta a pagar la cantidad de 1.400.000 euros a Carmen Fernández, la madre de los menores Iván y Sara -de 14 y 15 años en la actualidad-, declarados en desamparo y dados en adopción en septiembre de 1998 mientras la madre se encontraba en tratamiento de desintoxicación de su adicción al alcohol.

En rueda de prensa, la consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, y la directora general de Infancia y Familia, Carmen Belinchón, explicaron la actuación desarrollada por la administración autonómica en este caso y valoraron el citado auto. «Es la primera vez en mi vida política que convoco para valorar una resolución judicial, pero quiero explicar nuestra actuación», aclaró Navarro.

Precedente peligroso

La titular del ramo negó que a la Junta le preocupe «la cuantía de la indemnización», que sin embargo definió como «desorbitada», y aclaró que lo que le inquieta «es el peligroso precedente» que se crea, «y más que eso, lo que nos preocupa es que se nos imputen la decisión que en todo momento se tomó a instancias de la Fiscalía a través de una denuncia policial, por lo que no es la Junta la que actúa de oficio, aunque puede hacerlo».

De igual modo, lamentó que «los padecimientos que tiene la madre se nos puedan imputar; es eso lo que nos genera impotencia, no la cuantía, que evidentemente es desorbitada».

Navarro recordó que «desde 2002 hasta este momento han pasado cuatro años», por lo que dijo que «ese auto se podría haber dictado perfectamente hace cuatro años y medio». «No sé por qué se imputa a la Junta ese retraso», protestó, porque, además, «hasta ese momento todas las decisiones que se habían tomado fueron ratificadas por el juez».

La consejera afirmó que «vamos a acatar» la resolución, aunque reconoció que «puede provocar el desánimo» entre los profesionales que trabajan en la protección de menores de Igualdad y Bienestar Social.