Desamparados y confusos

Los hosteleros de la Sierra de Cádiz han puesto de manifiesto su inquietud ante los efectos negativos que podría producir en sus negocios la aplicación de la nueva normativa sobre el consumo de tabaco en los locales públicos. Para abordar esta problemática, una representación de este gremio se ha reunido esta semana en el hotel Peña de Arcos.

El gerente de la asociación provincial de Mandos Intermedios de Hostelería y Turismo, Manuel Ahumada de la Flor, expresó que «existe una normativa, pero no sabemos cómo aplicar la ley, no sólo en términos físicos, es decir, con relación a los habitáculos que hay que disponer, sino sobre todo con respecto a cómo actuar ante el cliente que fuma y el que no fuma». Este empresario puso el ejemplo de dos clientes que entran en discusión por el uso del tabaco. «En este caso -expresó-, yo como profesional, como gerente, me pregunto cómo tengo que actuar».

Competencias

Los empresarios reunidos se quejaron de desamparo ante la nueva ley, y expresaron su desazón por no tener claro quién tiene competencias sancionadoras en este tipo de conflictos. Según señaló el representante de dicha patronal, «la Policía Local nos ha dicho que no tiene competencias en esta materia». A este respecto, los reunidos analizaron el contenido de los artículos 21 y 22 de la nueva ley.

A juicio de Ahumada, «la ley echa la pelota al hostelero, porque nos vienen a decir. 'Hable Vd. con sus clientes, y si sus clientes se quejan ponga la solución'. La ley es poco clara -añadió-, es muy confusa y muy complicada de aplicar». Este hostelero se quejó de que la normativa al final resulta coercitiva y se resume en que quien no la cumpla podrá ser sancionado con multas de entre 200 y 6.000 euros.

El gerente de la asociación de hosteleros denunció también la existencia de «problemas de infraestructura», porque, según expresó, «la ley entra en vigor antes de que los establecimientos estén acondicionados, ya que una licencia de obras en cualquier ayuntamiento de la Sierra tarde en tramitarse entre tres y seis meses».

En la reunión se intentó aclarar las dudas sobre dónde acudir para pedir información para aplicar correctamente la ley e identificar qué organismos tienen competencias sancionadoras.

Uno de los empresarios reunidos, Manuel González García, gerente del restaurante Revertito de Arcos, manifestó: «Yo no puedo echar mi negocio abajo; casi todos mis clientes son fumadores, y no entiendo la ley. Tendré que poner una zona de fumadores, pero si entra un padre fumador con su hijo, quién es el responsable del incumplimiento de ley». Para González, «si el tabaco es malo, que lo quite el Gobierno, que lo prohíba, pero que no me eche a mí el muerto».