ESPAÑA

Zapatero intentará recuperar este año su apoyo electoral con nuevas políticas sociales

El Ejecutivo cree que la polémica por el 'Estatut' le ha impedido rentabilizar medidas como la subida de las pensiones o el incremento del salario mínimo El sistema nacional de la dependencia, proyecto estrella de esta legislatura

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José Luis Rodríguez Zapatero intentará aprovechar la buena marcha de la economía en el recién estrenado 2006 para dar un impulso a las políticas sociales. El Gobierno socialista cree que en los últimos meses la confusión generada por el Estatuto de Cataluña le ha impedido rentabilizar medidas como la subida de las pensiones o el incremento del salario mínimo interprofesional, por lo que ha decidido esperar a que se despeje la negociación con CiU, ERC e IC-V para centrar la atención en su gestión.

Cuando logre encauzar la propuesta estatutaria remitida por el Parlamento de Cataluña, el Ejecutivo tratará de dejar a un lado las reformas territoriales -que le están costando un fuerte desgaste electoral- para poner en marcha lo que Zapatero ya ha definido como «patriotismo social».

Mientras que al inicio de su mandato el presidente apostó por revocar las decisiones más polémicas que adoptó José María Aznar y también por ampliar los derechos civiles de los ciudadanos -matrimonio homosexual, divorcio rápido o reparación moral a las víctimas del franquismo- en esta nueva etapa quiere que sus políticas giren en torno a un único eje: las medidas sociales, que son la principal seña de identidad de los gobiernos socialistas.

En los casi dos años que han transcurrido desde las pasadas elecciones generales, el Ejecutivo defiende haber atendido ya las demandas más urgentes en esta materia con el incremento de las becas, de las pensiones o del salario mínimo interprofesional, pero tiene un programa más ambicioso a aplicar en lo que resta de legislatura con su 'proyecto estrella': la ley de dependencia.

Pilar del bienestar

Una norma que echará a andar en 2006, aunque no se completará hasta dentro de unos años, y que los socialistas contemplan como uno de los pilares del estado de Bienestar. Creen que se trata de un proyecto que cambiará la vida de millones de españoles y que dentro de unos años se recordará -aseguran en el PSOE-, como hoy ocurre con la extensión de las pensiones no contributivas que el Gobierno de Felipe González aprobó en 1990.

Unas medidas que el presidente del Gobierno y, sobre todo, el ministro de Economía y Hacienda, no quieren poner en marcha a costa del equilibrio de las cuentas públicas.

El Ejecutivo prevé que el futuro sistema nacional de la dependencia entre en vigor el 1 de enero de 2007. A partir de ese momento empezarán a recibir asistencia un total de 20.000 personas con problemas de gran dependencia y se calcula que el usuario aportará entre el 30 y el 35 por ciento de la financiación.

Este sistema priorizará la prestación de servicios (ayuda a domicilio, centros de día y de noche, teleasistencia, ayudas técnicas y plazas residenciales entre otros) y, en los casos en los que no fuera posible prestarlos, los beneficiarios percibirán una prestación económica vinculada a la contratación de un servicio en el mercado privado.

Mientras tanto, el PP acusa al Gobierno de falta de diálogo y cuestiona la cobertura que ofrecerá el sistema en virtud de los cálculos del Ejecutivo. Además, exige mayor concreción al sistema de aportaciones de los ciudadanos. Por ejemplo, fuentes populares no entienden que se aplique una aportación en función de la renta para el servicio de la teleasistencia.

El Gobierno espera alcanzar un pacto, pero el ministro Jesús Caldera ya advirtió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de que «el acuerdo es deseable, pero no indispensable».

Ley de igualdad

Otro proyecto al que el Ejecutivo concede gran importancia es la ley de igualdad, una norma con la que Zapatero espera incentivar el papel de la mujer en el trabajo, en los puestos de dirección y también acabar con su discriminación al acceder a determinados empleos.

El Ejecutivo socialista espera que la negociación del Estatuto catalán no se prolongue más allá del verano y que en estos meses disminuya el 'ruido' que ha generado su discusión. De ser así, Zapatero cree que podría centrar su acción en las políticas sociales, sepultadas en los últimos meses por el Estatuto.