Un lugar mejor para vivir

La Constitución Española recoge el acceso y disfrute a ella como un derecho y, por eso, las administraciones públicas destinan a su cumplimiento parte de los recursos de los que disponen.

Al ser un bien básico, cuando la vivienda entra en la agenda política y mediática es, desgraciadamente, para que algunos propongan, con demagogia, una lista interminable de medidas poco útiles que suelen empeorar la situación. Limitar el precio de los alquileres, como se ha visto en Berlín o en zonas de España como Cataluña, no es la solución. Tampoco lo es dar ayudas directas que, previsiblemente, creen un efecto burbuja que acaba encareciendo el precio.

La buena política pública en materia de vivienda va por otro camino o, al menos, así debería ser. Desde la construcción de promociones para ampliar el parque disponible, hasta servicios de intermediación, pasando por estrategias de cesión de parcelas en derecho de superficie, el alquiler con derecho a compra, el aval de la administración para la entrada de la primera vivienda o fórmulas para hacer más flexibles los usos del suelo, convirtiendo la vivienda pública en una dotación más, entre otras muchas cosas.

Este tema, es uno de los que más afectan a la generación joven, porque las dificultades de acceder a una vivienda estable frenan la emancipación y, por tanto, a medio plazo, la natalidad.

La solución a esta cuestión no pasa solo por la inversión desde el ámbito público, incluso, ni siquiera por la colaboración público-privada. Resolver este problema pasa también por ciertos cambios en nuestra mentalidad. Y es que, en ciertas ciudades, la solución para bajar el precio del alquiler o de la compra de un inmueble, reside en los nuevos desarrollos: zonas fuera de la almendra central, pero con multitud de posibilidades.

Desde la administración se tiene que hacer una apuesta en dos direcciones: que esas nuevas zonas se llenen de escuelas, bibliotecas, espacios para comercio, zonas deportivas, etc. – es decir, equipamientos que le den vida – y, después, posibilitar la conexión rápida y directa con el centro y otras zonas de la ciudad. De esa forma, ayudaremos a que muchos comprendan que la CE recoge el derecho a la vivienda digna, pero que, no tiene que ser, necesariamente, un ático con vistas a Central Park.

Sin embargo, algunos podrían decir que esas medidas están muy bien para ciudades que cuentan con suelo disponible para crecer. Evidentemente, el caso de Cádiz no es ese. Pero, a pesar de ello, existen herramientas para que dejemos de ser la capital de Andalucía con el precio de la vivienda más alto. Para empezar, no debería existir ningún solar sin uso: el poco suelo que tenemos debería tener utilidad, apostando por la hibridación de usos. Por otra parte, poco a poco, debemos ir perdiendo, en ciertas zonas de la ciudad, el miedo a construir en altura. Además, un plan integral de rehabilitación de viviendas en el centro que, con ingenio, como ya se hace en ocasiones, ampliase las posibilidades habitacionales de ciertas fincas, sería otra medida muy buena. Y, por último y no menos importante, hay que seguir potenciando las conexiones entre localidades del área metropolitana y la ciudad.

Por tanto, sea en Cádiz, o cualquier otro lugar, el impulso de la administración, el arrojo de la iniciativa privada, así como un cambio paulatino de mentalidad, pueden empezar a encarar con determinación el problema de la vivienda, especialmente sangrante en los más jóvenes.

Porque para que nuestras ciudades sean mejores lugares para vivir, debemos, sin duda, empezar por la vivienda: médula espinal de la calidad de vida de cualquier localidad.