Una solución tan urgente como necesaria
La constante llegada de menores inmigrantes a la costa gaditana obliga a dotar de más recursos a los centros de acogida
El hecho de que la llegada de pateras sea cada vez más insistente y se prolongue en el tiempo y no se limite a los meses de buen tiempo es ya una realidad mil veces contada. No es nuevo que cada día en este mismo periódico se hable de otra embarcación rescatada en aguas del Estrecho. Es una realidad casi cotidiana que Salvamento Marítimo informe de un nuevo auxilio. Pero esta ‘normalidad’ no le resta importancia en absoluto a este dramático asunto. La presión migratoria se ha convertido ya en un problema enquistado. Las fuerzas de seguridad y las emergencias se encuentran saturadas y cualquier nueva oleada deja sus cifras límite obsoletas. Basta una patera más para que el servicio se desborde.
Pero además se da la circunstancia de que cada vez llegan más menores de edad. Utilizados también como moneda de cambio de mafias e intereses políticos que hacen la vista gorda para que crucen aunque se jueguen la vida. Estos menores no acompañados ingresan casi de inmediato en los centros de acogida que los reciben para darle tanto auxilio como apoyo. Pero aquí también se ha lanzado un grito de socorro. Los profesionales que trabajan en estos alojamientos avisan de que está aumentando la conflictividad con y entre los internos. En todos estos centros se excede el cupo de plazas, doblando la capacidad en algunos casos como ha ocurrido este verano en el de La Línea o Algeciras por ejemplo. Ante este colapso es difícil que les puedan ayudar. Que les puedan dar la atención que niños llegados de culturas y costumbres completamente diferentes necesitan. Además, según dicen los educadores, muchos de ellos no quieren adaptarse por lo que el trabajo que hay que hacer con estos chicos debe ser más intenso y, por momentos, arriesgado.
Por tanto es necesario que si el flujo de la inmigración ilegal no va a parar, como viene ocurriendo desde hace ya décadas, se den los medios para poder al menos dar una atención que no ponga en peligro ni a los menores que llegan, ni a los profesionales que los reciben. No se pueden vender planes sociales si no se están cumpliendo ni siquiera las condiciones mínimas que exige una atención tan sensible como la que nos ocupa.
